Indicaciones al Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional Forestal

 

El día 12 de Junio del presente año, los  Consejeros Nacionales Indígenas de CONADI, José Millalén, María Hueichaqueo, Sofía Painiqueo y Marcial Colín;  además de la abogada mapuche Soledad Quilaleo, asesora jurídica de la Comisión de Legislación del Consejo nacional de CONADI, participaron de la Sesión de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados que discute el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal con el fin de realizar una presentación atingente a dicho proyecto.

Se transcribe la presentación.

PRESENTACIÓN A LA COMISIÓN DE AGRICULTURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

12 de Junio de 2017

Marcial Colín Lincolao.

Presidente Comisión Legislación Consejo Nacional Indígena de CONADI

Consejero Indígena Consejo de Política Forestal.

 Sr.

Iván Flores

Presidente Comisión de Agricultura Cámara de Diputados.

El anuncio de la creación de un Servicio Forestal, nos resulta del todo interesante por cuanto consideramos que la creación o modificación de instituciones debe ser la resultante de procesos democráticos con visión de país que apunten a cambiar enfoques o paradigmas en el cual el respeto a los derechos humanos, el concepto de desarrollo sostenible, inclusivo, participativo y respetuoso debe ser el eje o la base desde la cual se debe proyectar dicha institucionalidad.

En ese sentido, los representantes indígenas del Consejo Nacional  de CONADI, hemos decidido abordar el proyecto de ley en discusión a partir del derecho que nos asiste como pueblo indígena y por cuanto el tema de la plantación  forestal es uno de los que mayor afectación territorial ha generado en territorios indígenas, especialmente mapuche, y su desarrollo tiene y tendrá repercusiones políticas, sociales, culturales y económicas importantes en nuestras comunidades.

Sin embargo, se debe plantear que en rigor la creación de una institucionalidad moderna, no estaba en la agenda presidencial, a pesar de los acuerdos alcanzados en la realización de la Política Forestal 2015-2035 y surge como resultado de los incendios forestales, lo cual además es notorio en la redacción del proyecto de ley.

En el documento de Política Forestal  Este documento  denominado Política Forestal 2015-2035, fue publicado en el Diario Oficial el día 26 de abril del presente año y cuenta con el informe favorable de Contraloría General de la República N° 13.509 con fecha 17 de abril de 2017, lo cual le da oficialidad estatal a los acuerdos alcanzados. En relación a la institucionalidad se plantea como desafío

Contar con una institucionalidad pública del más alto rango dentro del Ministerio de Agricultura, acorde a la importancia estratégica del sector forestal, con plenas potestades públicas, con el fin de disponer de instancias que representen al sector en todos los ámbitos decisionales, que asuma en plenitud la conducción de la política forestal, así como la elaboración y aplicación de sus instrumentos, planes y programas.

El mismo documento en materia indígena señala

“Establecer en el sector forestal una relación basada en el diálogo de buena fe con las comunidades de los pueblos indígenas, a partir del uso de mecanismos institucionales, con el fin de lograr acuerdos que permitan generar un desarrollo acorde a los estándares reconocidos en los tratados internacionales vigentes en el país. (Política Forestal 2015-2035. Pág. 20)”

En la visión consensuada, el mismo documento manifiesta que

“El sector forestal se desarrolla con estándares coherentes con los derechos que derivan de la pluriculturalidad del país y que, en el caso de los pueblos indígenas, considera la consulta y participación, basados en el principio del consentimiento libre, previo e informado, y con los criterios pertinentes al territorio.”

En esto radica nuestra posición frente al tema. Consideramos que es un proyecto improvisado y que desconoce la normativa vigente en materia de consulta y participación indígena.

El Convenio 169 de la OIT como el DS N° 66 señalan expresamente que es deber del Estado realizar consulta previa a los pueblos indígenas interesados toda vez que se prevean medidas legislativas y/o medidas administrativas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas.

“1.- Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;”(art. 6)

Para el caso de la Ley que crea el Servicio Nacional no se consideró el derecho a consulta de los pueblos indígenas, a pesar de los acuerdos alcanzados en el seno del Consejo de Política Forestal.

Este proyecto de ley amerita la consulta previa. No se puede pretender crear una institucionalidad moderna sin considerar la participación de los sectores afectados e involucrados. Vemos con preocupación que existe incoherencia entre el discurso del gobierno cuando convoca a un diálogo que busca el reconocimiento de derechos – como por ejemplo, el Proceso Constituyente Indígena, el desarrollo de la Agenda 2030, la elaboración de un Plan Nacional de Derechos Humanos, el Plan de Acción Derechos Humanos y Empresas – pero que en la práctica desconoce la normativa vigente en estas materias.

Otro punto a considerar es lo explicitado en el C 169 de la OIT

Artículo  13

  1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.
  2. La utilización del término “tierras” en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.

  Artículo 14

  1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.
  2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
  3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.

                     Artículo 15

  1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
  2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

En resumen y considerando y especificando que nuestra exposición no suplanta la consulta previa, de todas manera nos sentimos en el deber de plantear una modificación sustantiva, señalándola como indicación y esperando sea considerada al amparo de las normas y el consenso ya especificado.

 

Artículo original

Indicación de consejeros nacionales de CONADI

Art. 2 El Servicio tendrá por objeto la conservación, protección, manejo y uso sustentable de las formaciones vegetacionales del país y de los componentes de la naturaleza asociados a esta.

Para el cumplimiento de su objeto, el Servicio impulsará el uso sustentable, manejo, fomento, protección y conservación de los recursos señalados en el inciso anterior, así como el desarrollo de emprendimientos económicos destinados a la producción de bienes y servicios basados en el uso de tales formaciones, de manera sustentable. Asimismo, deberá velar por la protección contra los incendios forestales.

De igual forma, velará por que el cumplimiento de su objeto se realice de manera equitativa e inclusiva en los territorios y ámbitos de acción del Servicio.

Las acciones de conservación de la biodiversidad que sean competencia especial de otro organismo no forman parte del objeto del Servicio, salvo en lo que respecta a la protección contra incendios forestales, cuyas labores de protección no abarcarán las tareas de restauración, las que serán responsabilidad del Servicio que las administre.

 

Art. 2 El Servicio tendrá por objeto la conservación, protección, manejo y uso sustentable de bosques y otras formaciones vegetacionales del país y de los componentes de la naturaleza asociados a esta.

Para el cumplimiento de su objeto, el Servicio impulsará el uso sustentable, manejo, fomento, protección, restauración y conservación de los recursos señalados en el inciso anterior, así como el desarrollo de emprendimientos económicos destinados a la producción de bienes y servicios basados en el uso de tales formaciones, de manera sustentable. Asimismo, deberá velar por la protección contra los incendios forestales.

De igual forma, velará por que el cumplimiento de su objeto se realice de manera equitativa e inclusiva en los territorios y ámbitos de acción del Servicio.

Las acciones de conservación de la biodiversidad que sean competencia especial de otro organismo no forman parte del objeto del Servicio, salvo en lo que respecta a la protección contra incendios forestales, cuyas labores de protección no abarcarán las tareas de restauración, las que serán responsabilidad del Servicio que las administre.

Cuando el objeto del Servicio se relacione con territorios de los pueblos indígenas, este Servicio deberá garantizar la  participación de las instituciones representativas de los pueblos indígenas, en el cumplimiento del objeto, basados en el principio del consentimiento previo, libre e informado y con los criterios pertinentes a dichos territorios.

 

 

Finalmente, consideramos que  la Comisión debería incorporar como fuente normativa base de este proyecto de ley el Convenio 169 y agregar definiciones que especifiquen con certeza las diferencias entre bosques y plantaciones.

Gracias Sr. Presidente.

Se adjunta firma de Consejeros Nacionales Indígenas de CONADI que participaron en la elaboración del documento.

Emilia Nuyado, Consejera Nacional. Mapuche ( electa);

Anselmo Nuyado. Consejero Nacional. Mapuche ( electo);

José Millalén P. Consejero Mapuche (electo);

Zenón Alarcón. Consejero Nacional. Aymara ( electo);

Rafael Tuki. Consejero Nacional. Rapa Nui. (electo)

María Hueichaqueo. Consejera Nacional. 

Sofía Painiqueo. Consejera Nacional.

Domingo Marileo. Consejero Nacional.

Marcial Colín L. Consejero Nacional. Mapuche. (electo)

 

 

 

 

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