Proceso Constituyente Indígena. Oportunidades y preocupaciones

Proceso Constituyente Indígena. Oportunidades y preocupaciones.

Marcial Colín Lincolao[1]

El proceso constituyente indígena fue lanzado públicamente en el mes de mayo del presente año y  es definido, en forma general, como un proceso complementario al Proceso Constituyente y que tiene como objeto reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas.

El Ministro de Desarrollo Social, refiriéndose al tema manifestó que “…en el proceso participativo indígena se debaten específicamente aquellas materias que tienen que ver con reconocimiento constitucional, con participación política, con el carácter del Estado, con los derechos económicos, sociales y culturales; es decir, aquellas materias (…) que se han identificado como deudas históricas por parte del Estado de Chile y que son ampliamente esperadas por los pueblos indígenas[2]

Al respecto, existe un documento desde el mes de Junio que se denomina Guía Orientadora Para el Comité de Coordinación y Ejecutor Regional, que da cuenta del diseño y metodología para el desarrollo de este proceso y en cuyo esquema institucional se contemplan las  siguientes instancias:

1.- Comité de Seguimiento, compuesto por representantes de organismos de Naciones Unidas y  cinco[3] Consejeros Electos del Consejo Nacional de CONADI, de carácter autónomo cuya función es velar porque el proceso cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos y entregue garantías de  transparencia e imparcialidad.[4]

2.- Comité Interministerial, con representantes del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia; del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; del Ministerio Secretaría General de Gobierno; del Ministerio del Medio Ambiente; del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; del Ministerio de Energía; del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; y de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

3.- Comité Coordinador y Ejecutor Nacional y Regional: Ministerio de Desarrollo Social, Universidades Públicas (ejecutores), servicios públicos descentralizados  y seremis.

Para la participación de los pueblos indígenas existirán dos tipos de “encuentros”: Los convocados (ejecución directa por las universidades y organizados por el Comité regional) y los autogestionados (organiza y ejecuta, pero está sujeto a la aprobación del comité regional).

Si bien es cierto que en el documento guía se mencionan como base los estándares establecidos en los instrumentos jurídicos vigentes en Chile, genera dudas acerca de sus alcances, ya que en rigor, disminuye el derecho de participación a la realización de encuentros y a la entrega de informes que serán sistematizados sin la participación indígena y que resultarán en un Estatuto Constituyente Indígena, el cual será sometido a consulta.

Bajo este diseño, primero el Comité Coordinador, debería entender que la consulta es para incidir en una medida administrativa o legislativa (art. 6 C 169) y la participación es para decidir (art. 7 C 169) y bajo este derecho la decisión tiene alcances más altos que la consulta, por lo que los resultados de los encuentros deberían ser solo la base para una discusión que se debe dar en una instancia de alto nivel que bien puede ser el Comité Interministerial, con el cual se logre un acuerdo constructivo en materia de reconocimiento constitucional. Esto último no queda claro en el diseño y se puede perder una gran oportunidad de discutir en serio el tema de los derechos de los pueblos indígenas.

Hasta ahora, en el Consejo Nacional de CONADI estamos discutiendo e intentando modificar este diseño y poniendo más énfasis en los encuentros autoconvocados, lo que implica necesariamente revisar aspectos como por ejemplo, la difusión y duración del proceso, instancias de acuerdos que sean vinculantes, entre otros.

Una preocupación que no es menor está relacionada con los responsables regionales del proceso. Según lo que se plantea en el diseño del gobierno, los encuentros autoconvocados, si bien resultan atractivos para las organizaciones indígenas en general,  están condicionados a la decisión de los seremi de desarrollo social quienes en el proceso de “consulta” del Ministerio de Pueblos Indígenas estuvieron muy por debajo de los niveles que se establecen en el C 169. El texto de ley ingresado al Congreso Nacional así lo demuestra, y nada indica que en este proceso, que implica mayores capacidades  políticas, actuarán apegados a las normas, sino más bien continuarán con su actitud de menosprecio a los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Para el caso de las organizaciones mapuche de la IX Región, el caso es más complicado aún por cuanto el seremi Blamey demostró que la buena fe, la debida diligencia, diálogo genuino, instituciones representativas, son conceptos que no  conoce, por lo tanto no actúa conforme a ellos en el rol que le corresponde. Es más, su condición de operador político le impide entender que un proceso de esta naturaleza requiere de capacidades políticas que no posee, y eso es notorio al momento de analizar el diseño que ha construido y que está basado en la realización de encuentros con los mismos personajes con quienes acordó un resultado menos que mediocre en la consulta del Ministerio de Pueblos.

Por la naturaleza del proceso, el gobierno debería hacer el esfuerzo de cambiar a este personaje, como una señal de transparencia.

Frente a esto, ¿Qué dicen las universidades?, ¿la Universidad de la Frontera, está de acuerdo con  ejecutar lo que organiza un individuo que menosprecia los derechos del pueblo mapuche? Hay un piso mínimo a considerar en un proceso que apunta a debatir cuestiones de fondo en la definición de Estado y en la relación de éste con el pueblo mapuche, por lo que se debería anteponer este nivel de relacionamiento antes que el precio de los “encuentros”. Si el mundo político basa su accionar en operadores como Blamey, la academia que se involucra debería actuar como academia. Tal vez así se equilibre un espacio que dé garantías y no que genere más desconfianza.

 

 

 

 

 

 

[1] Consejero Nacional indígena de CONADI, Miembro del Comité de Seguimiento del Proceso Constituyente Indígena, Presidente comisión legislación, Consejo Nacional CONADI.

[2] http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/reformas-constitucionales/proceso-constituyente-indigena-debate-las-deudas-historicas-del-estado/2016-05-20/084000.html

[3] La propuesta inicial solo consideraba a dos consejeros de CONADI

[4] Guía Orientadora Para el Comité de Coordinación y Ejecutor Regional

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Enama y el negocio de la “identificación de líderes”.

Enama y el negocio de la “identificación de líderes”.

Marcial Colín Lincolao

Consejero Nacional Mapuche CONADI

Presidente Comisión Legislación

 

La Corporación Enama, surge en el gobierno anterior. En una de sus cartas de presentación se lee que “ENAMA es el espacio para identificar e invitar a los nuevos LÍDERES de la sociedad mapuche para el siglo XXI, dispuestos a concretar la búsqueda de la paz social en los términos de interculturalidad (dialogo entre culturas diferentes pero iguales en dignidad y respetos) y complementación (mejorar, añadirse mutuamente culturas para completarse), para el pleno e integral desarrollo humano y engrandecimiento de las sociedades.” [1]

Las definiciones “filosóficas” son de antología, especialmente la definición de “complementación”.

Pero en el fondo lo que solicitaron para su 2° encuentro, fue la no despreciable suma de $240.000.000 (doscientos cuarenta millones de pesos), cifra que en buenos términos podría servir para cualquier iniciativa cultural y/o productiva de alguna de las cientos de comunidades a las que jamás se les ha financiado un proyecto. Pero por lo visto genera buenos dividendos “identificar” nuevos LÍDERES!

Con el fin de no perder el lucrativo negocio, la llegada del gobierno de la Nueva Mayoría, les hace incorporar a su definición el concepto de “transpartidarios”, concepto desde el cual les resulta cómodo vincularse a algunas autoridades de gobierno que sin muchas luces se encandilan con tanta elite.

Desde ese punto de vista, bien se puede observar que dicha corporación no es más ni menos que la personificación de la poca seriedad en torno a la temática mapuche. Es un show en sí misma, como lo son sus representantes, quienes sin darse cuenta han sido superados por el personaje que inventaron para darse a conocer ante las autoridades de dos gobiernos y de distintas coaliciones. No sé ni creo que todos, pero en el fondo intentan mostrarse como una elite mapuche que no tiene nada de elitista, al contrario, están más cercanos a la farándula que a la intelectualidad, por eso resultan útiles para quienes gobiernan con mentalidad de operadores políticos y no con mentalidad de gobernantes.

Sus declaraciones son el reflejo de lo que comento con cierto desgano por cuanto no soy partidario de tomar con seriedad a grupos a los que conocí como consejero de CONADI y a los cuales al interior del Consejo Nacional le hemos rechazado permanentemente  las solicitudes de recursos para financiar sus actividades, por cuanto las consideramos carentes de contenido, irrelevantes, de escaso impacto en la generación de pensamiento político y por cuanto la abultada millonada que han solicitado es una real sinvergüenzura. Aún así son bastante ingeniosos, hay que reconocerlo, y de todas maneras consiguen que alguien, por alguna desconocida razón, les financie sus encuentros en algún hotel cinco estrellas, nada menos.

Por eso no sorprende cuando vemos a un abogado como el Sr. Caifal Piutrin, (seguramente uno de los líderes identificados por el Sr. Falso Lonko) que cumple un rol como facilitador del proceso constituyente, hablando en un lenguaje que no le es natural, es demasiado notorio que refleja un sinnúmero de contradicciones para la lógica desde la cual se organizan como Enama. Como conocedor del derecho y de la palabra hablada como escrita, la cual se ratifica mediante la firma (firmas), debería ser más cauto. Hay dirigentes mapuche observando, analizando, y el espacio de opinión pública, al parecer bastante a ras de piso, no significa mucho, no significa nada, en realidad. Si creen que sus fastuosos encuentros y sus rebuscados conceptos, son los que les legitiman, creo que están sobrevalorando al personaje. Los líderes tienen base social, tienen territorio.

¡cómo se extraña a organizaciones que en otro tiempo fueron capaces de generar movilidad, visibilidad y pensamiento político, con fuerte base social a nivel nacional y cuyos principios siguen vigentes más allá de la ocupación que hoy tenga cada ex dirigente!

Esperamos que la razón y el análisis del contexto de todos los sectores sociales y políticos ocupe los espacios de diálogos siempre tan necesarios cuando se trata de abordar temáticas que desde siempre han sido abordadas desde enfoques que no consideran los avances que el derecho ha tenido en materia de pueblos indígenas.

 

[1] Carta enviada a Intendentes de seis regiones  y seremis de desarrollo social en el año 2012, en la cual solicitan financiamiento para su 2° Encuentro nacional.

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