Estatuto Constituyente Indígena Redactado por La Comisión de Legislación del Consejo Nacional de la CONADI

Estatuto Constituyente Indígena

Redactado por La Comisión de Legislación del Consejo Nacional de la CONADI

La Comisión de Legislación del Consejo Nacional de la CONADI, compuesta por representantes de las diversas naciones indígenas de Chile, reunida en la ciudad de Santiago de Chile el día 18 de Abril de 2017; en su tercera reunión;

Tomando en consideración los resultados del proceso constituyente indígena realizado en el país entre los meses de mayo del 2016 a marzo de 2017;

Valorando la convocatoria del Gobierno de la Sra. Presidenta Michelle Bachelet para la realización de un proceso especial del Proceso Constituyente Nacional, cumpliendo  con las obligaciones contraídas por el Estado de Chile con la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales;

Teniendo presente los términos de la Carta de las Naciones Unidas; la Declaración Universal de Derechos Humanos; del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;  del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención Americana sobre Derechos Humanos;  el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de  los Pueblos Indígenas;

Teniendo presente que la evolución del derecho internacional insta a establecer nuevas formas de relación entre Estados y Naciones Indígenas;

Conscientes de la deuda histórica que el Estado chileno tiene con nuestras  naciones indígenas producto de su acción u omisión en procesos que atentaron directamente contra ellas;

Afirmando y reconociendo que las naciones indígenas tienen  el derecho como todos los pueblos o naciones a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales;

Conscientes que de ninguna manera los derechos reconocidos podrán ser entendidos como negación de otros derechos no especificados;

Afirmando que los derechos colectivos de las naciones indígenas no podrán entenderse   en el sentido de restringir los derechos humanos fundamentales de sus miembros;

“Reconociendo y reafirmando que los indígenas tienen sin discriminación todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional, y que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos que son indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos;”

Adopta el siguiente texto constituyente indígena:

1.- Estado Plurinacional.

Chile es una comunidad de naciones, compuesta por la nación chilena y las naciones indígenas,  que se organizan en un Estado plurinacional, democrático y participativo.

2.- Naciones Indígenas.

Las naciones indígenas son aquellas pre-existentes a la conformación del Estado o de la determinación de sus actuales fronteras territoriales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

3.- Reconocimiento a la Libre Determinación.

El Estado  reconoce, respeta y  garantiza el derecho a la libre determinación  de las Naciones Indígenas, en concordancia y armonía con los Instrumentos Jurídicos  Internacionales de Derechos Humanos.

En virtud del derecho a la libre determinación las naciones indígenas decidirán libremente su desarrollo civil,  político, social, económico y cultural.

4.- Derecho a la Tierra y al Territorio.

Las naciones indígenas tienen derecho a la tierra y al territorio.

El territorio es el hábitat o espacio que tradicionalmente han poseído, ocupan o utilizan de alguna manera o se encuentran en propiedad y posesión de las comunidades y miembros de las naciones indígenas y las que han sido usurpadas con engaño, despojadas o expoliadas y cualquiera sea la situación o formas de tenencia de ellas en la actualidad.

El Estado, en conjunto con las naciones indígenas, creará mecanismos que aseguren la demarcación y protección jurídica de las tierras y territorios a perpetuidad. Con todo, las tierras de los miembros de las naciones indígenas estarán libres de tributos.

5.- Derecho consuetudinario

El Estado reconoce el derecho consuetudinario de las naciones indígenas.

6.- Recursos Naturales.

Las naciones indígenas tienen derecho al uso, al goce, a la disposición, el control, protección, la conservación y la administración  de los recursos naturales existentes en sus territorios.

6.- El Agua.

El Estado reconoce que el agua es un derecho humano fundamental.

Las naciones indígenas tienen derecho a la restitución, control, administración y uso del agua.

7.- Identidad Indígena.

El Estado reconoce a las naciones indígenas  la facultad de  determinar su propia identidad y la pertenencia de sus miembros conforme a sus normas, formas de vida y tradiciones.

La identidad cultural de cada uno de sus miembros, de manera voluntaria, se inscribirá en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal.

8.- Participación Política

Las naciones indígenas tienen derecho a la participación política nacional. La representación  indígena deberá hacerse efectiva en el Congreso Nacional y en todas las instancias de representación política.

El Estado garantiza la participación de las naciones indígenas en el ámbito de las relaciones internacionales.

El Estado reconocerá, observará y aplicará los tratados, acuerdos, convenios y otros arreglos concertados por él, y sus antecesores, con las naciones indígenas.

9.- Jurisdicción Indígena.

El Estado reconoce la jurisdicción indígena en aquellas materias definidas en conjunto  con las naciones indígenas, siempre que no sean contrarios a los derechos humanos.

10.- Medio Ambiente.

Las naciones indígenas poseen el derecho ancestral de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En virtud de este derecho se establecerán mecanismos de uso, restauración, protección y conservación de la diversidad biológica en los territorios de las naciones indígenas.

11.- El Conocimiento Indígena.

El Estado reconoce el derecho inalienable de las naciones indígenas sobre sus conocimientos tradicionales.

Se crearán mecanismos para recuperar, mantener y desarrollar esos conocimientos tradicionales; estos deberán incluir la anulación de patentes o registros que cualquier persona natural o jurídica haya obtenido sobre semillas, plantas nativas, hongos, símbolos, toponimia, palabras del idioma, instrumentos, vestimentas u otros elementos culturales propios de las naciones indígenas, así como la prohibición  de nuevos registros.

El Estado reconoce el daño causado a las naciones indígenas por la apropiación indebida de sus conocimientos. La reparación a las naciones indígenas, deberá ser en acuerdo con dichas naciones.

12.- Participación y consulta.

Las naciones  indígenas tienen derecho a la consulta  cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. El Estado está obligado a realizar la consulta  previa.

La consulta se realizará mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones representativas interesadas, de buena fe y con el objetivo de lograr acuerdos. Con todo, siempre se considerará el principio del consentimiento libre, previo e informado.

Conforme a la libre determinación, las naciones indígenas tienen derecho a participar en la definición de las políticas públicas que les conciernan, en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes, programas y políticas estatales.

 

14.-Derechos culturales.

El Estado deberá fomentar  el desarrollo cultural de las naciones indígenas  y coadyuvará en la protección del patrimonio cultural, material e inmaterial, que les pertenece a dichas naciones.

El Estado en conjunto con las naciones indígenas creará un museo de la memoria indígena y  promoverá la restitución y protección  de todo espacio u objeto de carácter patrimonial,  ceremonial o sagrado cuya posesión sea privada o pública. Esto incluye la repatriación del patrimonio cultural.

Los cementerios indígenas o lugares arqueológicos pertenecen a las naciones indígenas, los cuales contarán con una especial protección y conservación.

El Estado reconoce los emblemas y símbolos de las naciones indígenas.

El Estado garantiza a las naciones indígenas la creación y administración de sistemas, medios y redes de comunicación propios, además de acceder y participar en  todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación.

15.- Derechos Lingüísticos

El Estado reconoce los idiomas de las naciones indígenas como idiomas oficiales.

El Estado y las naciones indígenas en conjunto,  adoptarán medidas eficaces para el desarrollo, preservación y  difusión de dichos idiomas.

El Estado reconoce los sistemas de educación de las naciones indígenas, sin perjuicio de lo anterior se reconocerá la decisión de las naciones indígenas y se dispondrá de recursos para la creación de  instituciones con curriculum mixto.

16.- Salud.

Las Naciones Indígenas tienen derecho a desarrollar, administrar  y ejercer sus propios sistemas de salud  con apego a su cosmovisión y prácticas tradicionales.

Además tienen derecho a acceder al sistema de salud universal y gratuito.

 

 

 Consejeros nacionales que participaron en la adopción del texto.

 

Emilia Nuyado Ancapichún – Consejera Nacional Mapuche

José Millalén Paillal – Consejero Nacional Mapuche

Anselmo Nuyado Ancapichún – Consejero Nacional Mapuche

Wilson Reyes Araya – Consejero Nacional Likan Antay

Zenón Alarcón – Consejero Nacional Aymara

Sofía Painiqueo -Consejera Presidencial

María Hueichaqueo – Consejera Presidencial

Marcial Colín Lincolao – Consejero Nacional Mapuche

Presidente Comisión Legislación del Consejo Nacional de la CONADI

Asesoría Jurídica: Jeannette Soledad Quilaleo Quintrel – Abogada

Salvador Millaleo  – Abogado

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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El derecho a la consulta previa en Chile. Informe CEACR OIT 2017 (I)

Marcial Colín Lincolao

Consejero Nacional Indígena de CONADI (2012-1016) (2016-2020)

A través de este espacio comparto el Informe de la CEACR OIT 2017(I), con el fin de informar a los interesados en el desarrollo del derecho a la consulta previa que tenemos como pueblos indígenas, especialmente a aquellos dirigentes de distintos pueblos indígenas del país, con quienes compartí  la presentación de la reclamación a la OIT hace unos años, a partir de la discusión y debate que sostuvimos con el Gobierno de Chile en los años 2012 y 2013 y que tuvo como resultado el Decreto Supremo N° 66.

El Informe, para el caso de Chile, es una respuesta en función de la reclamación que hiciéramos a la OIT, por los artículos no consensuados.

Agradecimientos a quienes en esta línea de trabajo firmaron la reclamación, especialmente al presidente del Sindicato de Panificadores N°1  de Santiago, don Fernando Deumacan.

EL historial y texto de la reclamación se encuentra en este mismo blog.

Que el  buen lector saque sus conclusiones.

Informe Comisión de expertos OIT Chile 2017(I)

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Proceso Constituyente Indígena. Oportunidades y preocupaciones

Proceso Constituyente Indígena. Oportunidades y preocupaciones.

Marcial Colín Lincolao[1]

El proceso constituyente indígena fue lanzado públicamente en el mes de mayo del presente año y  es definido, en forma general, como un proceso complementario al Proceso Constituyente y que tiene como objeto reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas.

El Ministro de Desarrollo Social, refiriéndose al tema manifestó que “…en el proceso participativo indígena se debaten específicamente aquellas materias que tienen que ver con reconocimiento constitucional, con participación política, con el carácter del Estado, con los derechos económicos, sociales y culturales; es decir, aquellas materias (…) que se han identificado como deudas históricas por parte del Estado de Chile y que son ampliamente esperadas por los pueblos indígenas[2]

Al respecto, existe un documento desde el mes de Junio que se denomina Guía Orientadora Para el Comité de Coordinación y Ejecutor Regional, que da cuenta del diseño y metodología para el desarrollo de este proceso y en cuyo esquema institucional se contemplan las  siguientes instancias:

1.- Comité de Seguimiento, compuesto por representantes de organismos de Naciones Unidas y  cinco[3] Consejeros Electos del Consejo Nacional de CONADI, de carácter autónomo cuya función es velar porque el proceso cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos y entregue garantías de  transparencia e imparcialidad.[4]

2.- Comité Interministerial, con representantes del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia; del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; del Ministerio Secretaría General de Gobierno; del Ministerio del Medio Ambiente; del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; del Ministerio de Energía; del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; y de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

3.- Comité Coordinador y Ejecutor Nacional y Regional: Ministerio de Desarrollo Social, Universidades Públicas (ejecutores), servicios públicos descentralizados  y seremis.

Para la participación de los pueblos indígenas existirán dos tipos de “encuentros”: Los convocados (ejecución directa por las universidades y organizados por el Comité regional) y los autogestionados (organiza y ejecuta, pero está sujeto a la aprobación del comité regional).

Si bien es cierto que en el documento guía se mencionan como base los estándares establecidos en los instrumentos jurídicos vigentes en Chile, genera dudas acerca de sus alcances, ya que en rigor, disminuye el derecho de participación a la realización de encuentros y a la entrega de informes que serán sistematizados sin la participación indígena y que resultarán en un Estatuto Constituyente Indígena, el cual será sometido a consulta.

Bajo este diseño, primero el Comité Coordinador, debería entender que la consulta es para incidir en una medida administrativa o legislativa (art. 6 C 169) y la participación es para decidir (art. 7 C 169) y bajo este derecho la decisión tiene alcances más altos que la consulta, por lo que los resultados de los encuentros deberían ser solo la base para una discusión que se debe dar en una instancia de alto nivel que bien puede ser el Comité Interministerial, con el cual se logre un acuerdo constructivo en materia de reconocimiento constitucional. Esto último no queda claro en el diseño y se puede perder una gran oportunidad de discutir en serio el tema de los derechos de los pueblos indígenas.

Hasta ahora, en el Consejo Nacional de CONADI estamos discutiendo e intentando modificar este diseño y poniendo más énfasis en los encuentros autoconvocados, lo que implica necesariamente revisar aspectos como por ejemplo, la difusión y duración del proceso, instancias de acuerdos que sean vinculantes, entre otros.

Una preocupación que no es menor está relacionada con los responsables regionales del proceso. Según lo que se plantea en el diseño del gobierno, los encuentros autoconvocados, si bien resultan atractivos para las organizaciones indígenas en general,  están condicionados a la decisión de los seremi de desarrollo social quienes en el proceso de “consulta” del Ministerio de Pueblos Indígenas estuvieron muy por debajo de los niveles que se establecen en el C 169. El texto de ley ingresado al Congreso Nacional así lo demuestra, y nada indica que en este proceso, que implica mayores capacidades  políticas, actuarán apegados a las normas, sino más bien continuarán con su actitud de menosprecio a los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Para el caso de las organizaciones mapuche de la IX Región, el caso es más complicado aún por cuanto el seremi Blamey demostró que la buena fe, la debida diligencia, diálogo genuino, instituciones representativas, son conceptos que no  conoce, por lo tanto no actúa conforme a ellos en el rol que le corresponde. Es más, su condición de operador político le impide entender que un proceso de esta naturaleza requiere de capacidades políticas que no posee, y eso es notorio al momento de analizar el diseño que ha construido y que está basado en la realización de encuentros con los mismos personajes con quienes acordó un resultado menos que mediocre en la consulta del Ministerio de Pueblos.

Por la naturaleza del proceso, el gobierno debería hacer el esfuerzo de cambiar a este personaje, como una señal de transparencia.

Frente a esto, ¿Qué dicen las universidades?, ¿la Universidad de la Frontera, está de acuerdo con  ejecutar lo que organiza un individuo que menosprecia los derechos del pueblo mapuche? Hay un piso mínimo a considerar en un proceso que apunta a debatir cuestiones de fondo en la definición de Estado y en la relación de éste con el pueblo mapuche, por lo que se debería anteponer este nivel de relacionamiento antes que el precio de los “encuentros”. Si el mundo político basa su accionar en operadores como Blamey, la academia que se involucra debería actuar como academia. Tal vez así se equilibre un espacio que dé garantías y no que genere más desconfianza.

 

 

 

 

 

 

[1] Consejero Nacional indígena de CONADI, Miembro del Comité de Seguimiento del Proceso Constituyente Indígena, Presidente comisión legislación, Consejo Nacional CONADI.

[2] http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/reformas-constitucionales/proceso-constituyente-indigena-debate-las-deudas-historicas-del-estado/2016-05-20/084000.html

[3] La propuesta inicial solo consideraba a dos consejeros de CONADI

[4] Guía Orientadora Para el Comité de Coordinación y Ejecutor Regional

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Enama y el negocio de la “identificación de líderes”.

Enama y el negocio de la “identificación de líderes”.

Marcial Colín Lincolao

Consejero Nacional Mapuche CONADI

Presidente Comisión Legislación

 

La Corporación Enama, surge en el gobierno anterior. En una de sus cartas de presentación se lee que “ENAMA es el espacio para identificar e invitar a los nuevos LÍDERES de la sociedad mapuche para el siglo XXI, dispuestos a concretar la búsqueda de la paz social en los términos de interculturalidad (dialogo entre culturas diferentes pero iguales en dignidad y respetos) y complementación (mejorar, añadirse mutuamente culturas para completarse), para el pleno e integral desarrollo humano y engrandecimiento de las sociedades.” [1]

Las definiciones “filosóficas” son de antología, especialmente la definición de “complementación”.

Pero en el fondo lo que solicitaron para su 2° encuentro, fue la no despreciable suma de $240.000.000 (doscientos cuarenta millones de pesos), cifra que en buenos términos podría servir para cualquier iniciativa cultural y/o productiva de alguna de las cientos de comunidades a las que jamás se les ha financiado un proyecto. Pero por lo visto genera buenos dividendos “identificar” nuevos LÍDERES!

Con el fin de no perder el lucrativo negocio, la llegada del gobierno de la Nueva Mayoría, les hace incorporar a su definición el concepto de “transpartidarios”, concepto desde el cual les resulta cómodo vincularse a algunas autoridades de gobierno que sin muchas luces se encandilan con tanta elite.

Desde ese punto de vista, bien se puede observar que dicha corporación no es más ni menos que la personificación de la poca seriedad en torno a la temática mapuche. Es un show en sí misma, como lo son sus representantes, quienes sin darse cuenta han sido superados por el personaje que inventaron para darse a conocer ante las autoridades de dos gobiernos y de distintas coaliciones. No sé ni creo que todos, pero en el fondo intentan mostrarse como una elite mapuche que no tiene nada de elitista, al contrario, están más cercanos a la farándula que a la intelectualidad, por eso resultan útiles para quienes gobiernan con mentalidad de operadores políticos y no con mentalidad de gobernantes.

Sus declaraciones son el reflejo de lo que comento con cierto desgano por cuanto no soy partidario de tomar con seriedad a grupos a los que conocí como consejero de CONADI y a los cuales al interior del Consejo Nacional le hemos rechazado permanentemente  las solicitudes de recursos para financiar sus actividades, por cuanto las consideramos carentes de contenido, irrelevantes, de escaso impacto en la generación de pensamiento político y por cuanto la abultada millonada que han solicitado es una real sinvergüenzura. Aún así son bastante ingeniosos, hay que reconocerlo, y de todas maneras consiguen que alguien, por alguna desconocida razón, les financie sus encuentros en algún hotel cinco estrellas, nada menos.

Por eso no sorprende cuando vemos a un abogado como el Sr. Caifal Piutrin, (seguramente uno de los líderes identificados por el Sr. Falso Lonko) que cumple un rol como facilitador del proceso constituyente, hablando en un lenguaje que no le es natural, es demasiado notorio que refleja un sinnúmero de contradicciones para la lógica desde la cual se organizan como Enama. Como conocedor del derecho y de la palabra hablada como escrita, la cual se ratifica mediante la firma (firmas), debería ser más cauto. Hay dirigentes mapuche observando, analizando, y el espacio de opinión pública, al parecer bastante a ras de piso, no significa mucho, no significa nada, en realidad. Si creen que sus fastuosos encuentros y sus rebuscados conceptos, son los que les legitiman, creo que están sobrevalorando al personaje. Los líderes tienen base social, tienen territorio.

¡cómo se extraña a organizaciones que en otro tiempo fueron capaces de generar movilidad, visibilidad y pensamiento político, con fuerte base social a nivel nacional y cuyos principios siguen vigentes más allá de la ocupación que hoy tenga cada ex dirigente!

Esperamos que la razón y el análisis del contexto de todos los sectores sociales y políticos ocupe los espacios de diálogos siempre tan necesarios cuando se trata de abordar temáticas que desde siempre han sido abordadas desde enfoques que no consideran los avances que el derecho ha tenido en materia de pueblos indígenas.

 

[1] Carta enviada a Intendentes de seis regiones  y seremis de desarrollo social en el año 2012, en la cual solicitan financiamiento para su 2° Encuentro nacional.

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