Empresas Forestales y Comunidades Mapuche. Hacia una Restitución de predios de manera efectiva.

 

Marcial Colín Lincolao

Consejero Nacional Indígena de CONADI

 

El Consejo de Política Forestal de CONAF se creó en el gobierno de Bachelet el 11 de marzo de 2015, mediante el Decreto N° 8 del Ministerio de Agricultura, el cual tuvo como desafío “dirigir la orientación estratégica del sector con el objetivo de formular una Política Forestal para el período 2015-2035”, lo cual se dio a conocer públicamente a través del Diario Oficial el 10 de mayo del año 2016.

Para el caso que relaciona este sector con los pueblos indígenas, la Política Forestal asumió con claridad el respeto y uso de instrumentos jurídicos vigentes en el país para re-enfocar la relación con los pueblos indígenas y especialmente con el pueblo mapuche, lo que se expresa en los desafíos ya que se pretende “Establecer en el sector forestal una relación basada en el diálogo de buena fe con las comunidades de los pueblos indígenas, a partir del uso de mecanismos institucionales, con el fin de lograr acuerdos que permitan generar un desarrollo acorde a los estándares reconocidos en los tratados internacionales vigentes en el país.”[1]

En relación a la Visión con la que se define la Política Forestal, esta manifiesta que “El sector forestal se desarrolla con estándares coherentes con los derechos que derivan de la pluriculturalidad del país y que, en el caso de los pueblos indígenas, considera la consulta y participación, basados en el principio del consentimiento libre, previo e informado, y con los criterios pertinentes al territorio.”[2]

Establecido el marco desde el cual se debe desarrollar esta Política Forestal, el Consejo Nacional de CONADI, creó la Comisión de Política Forestal el 9 de Junio del año 2017,  instancia que realizó dos sesiones, con el carácter de tripartita, en la cual participaron CONAF (Director Ejecutivo); representantes de Empresas Forestales y Consejeros Nacionales Indígenas de CONADI.

Uno de los principales puntos abordados fue la realización de un estudio sobre la superposición de títulos, en los cuales se debe respetar los Títulos de Merced y la demanda de las comunidades colindantes, principalmente.

No obstante lo anterior, el año pasado no se avanzó debido al poco interés expresado por la administración de la institución ( Pizarro Chañilao), que se negó o decidió  ignorar la solicitud de información que se solicitó de parte de consejeros de CONADI.

En la actualidad y ante la pública manifestación de “entendimiento y buena voluntad” que han manifestado los empresarios y que se dio a conocer de manera pública durante y luego del Encuentro 3xi, que contó con la presencia de altas autoridades del actual Gobierno, se ha decidido convocar nuevamente a los empresarios para establecer una agenda de devolución de tierras, a partir de la información que se tiene desde la institucionalidad.

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, dirigida por el Sr. Jorge Retamal R. como Director Nacional, ha proporcionado la información existente en los registros de CONADI, que da cuenta del número de comunidades que han presentado predios de empresas forestales para su restitución.

Desde ese punto de vista y entendiendo las tensiones que existen entre comunidades mapuche y el sector empresarial forestal, es necesario que se den los pasos correctos en la implementación de la Política Forestal 2015-2035, la cual cuenta con el respaldo y el consenso de distintos actores del sector.

Según documento entregado a los consejeros nacionales indígenas de CONADI, la demanda presentada a CONADI de manera formal por parte de comunidades mapuche, no ha tenido avance y la institución no ha dado lugar a la continuidad de los procesos formales. No hay razones para ello, sino más bien decisiones políticas de los Directores nacionales y las autoridades de turno quienes –  de manera inexplicable – han trabado el ejercicio de derechos de comunidades que, confiando en la institucionalidad, iniciaron sus procesos a partir de informes jurídicos y administrativos favorables, según el artículo 20 letra b de la ley 19.253.

Se deja en claro que la estrategia asumida por las comunidades, es un primer paso para la restitución territorial y no suplanta ni pretende limitar otros discursos reivindicativos. Por el contrario, se enmarca en la normativa vigente, lo que incluye los Tratados Internacionales, declaraciones y otros instrumentos jurídicos que dan cuenta del avance en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, en las recomendaciones de Relatores de Naciones Unidas y en el derecho a definir el desarrollo propio.

 

NOTA: Se pone a disposición de comunidades y la opinión pública listado entregado por la actual administración, con información relevante de comunidades que han solicitado devolución o compra de tierras por parte del Estado.

Descargar documento.

 ID 20. Predios de empresas forestales presentados por comunidades 20-08-18

 

 

 

 

[1] POLÍTICA FORESTAL 2015 – 2035. Pág. 20

[2] POLÍTICA FORESTAL 2015 – 2035. Pág. 23

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Comunicado público de consejeros nacionales mapuche de CONADI

Declaración Pública

17 de julio de 2018

 

Luego de tres meses de instalado el nuevo gobierno, específicamente en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, los consejeros nacionales de CONADI comunicamos lo siguiente:

1.- Rechazamos  profundamente las señales y lineamientos políticos del gobierno, los cuales continúan la lógica del fomento a la odiosidad y al despojo de las tierras mapuche. Específicamente nos referimos a la instalación del “Comando Jungla” y a la política de especulación con los derechos reconocidos a nuestros pueblos.

2.- En Consejo Nacional de CONADI realizado el 5 de Julio, manifestamos con fuerza nuestra opinión al respecto, dejando en claro que observamos falta de liderazgo y visión en la región de la Araucanía, vulneración del derecho a la participación, entendida tal como se expresa en el art. 7 del Convenio 169 de la OIT:

1.- “Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

2.- El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.”

El incumplimiento de lo que establece el C 169 de la OIT unido a acciones que contravienen una política basada en el diálogo de buena fe,  es una evidente vulneración de derechos.

3.- Manifestamos nuestra queja  al Director nacional de CONADI y al Ministro Moreno, por cuanto  aún no se nombra formalmente al Subdirector Nacional Sur de la Corporación. Si bien se presentó públicamente un nombre, en la realidad ejerce una función ilegítima, lo que conlleva a que las comunidades estén conversando con “falsas autoridades” sin capacidad para lograr acuerdos o cumplir las tareas operativas que les son propias.

 

Suscriben,

Marcial Colín Lincolao,  Consejero Nacional Mapuche 

José Millalén, Consejero Nacional Mapuche

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