CONGRESO NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS

CONGRESO  NACIONAL  DE  PUEBLOS  INDÍGENAS.  ”  Por el ejercicio de nuestros derechos” Los días 7, 8 y 9 de agosto del presente año, se realizará en la ciudad de Santiago de Chile, el Congreso Nacional de Pueblos Indígenas, con miras a la instalación de una Agenda Política Propia. Este Congreso nacional está siendo convocado y […]

Mapuches de Villarrica Crean su Propia Universidad

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Comunicado Público Villarrica. 11 de Noviembre de 2011. El Consejo Territorial Mapuche Mallolafken de Villarrica, comunica a la opinión pública regional, nacional e internacional lo siguiente: 1.- Hoy hemos fundado la Universidad Mapuche para la Libre Determinación, en un Acto que contó con la presencia de  más de 60 dirigentes de este territorio. 2.- La […]

Documentos presentados ante la OIT por dirigentes indígenas de Chile

Reclamación

Fernando Reider Deumacan Poblete, C.I. 7.824.574 – 3, presidente del Sindicato N°1 de Panificadores Mapuche de Santiago, domiciliado en Avenida Santa Rosa 1555, comuna de Santiago Centro, región Metropolitana de Chile, y a solicitud de los hermanos y hermanas indígenas Marcial Domingo Colín Lincolao, C.I. 11.669.652-5, mapuche, Consejero Nacional CONADI; Mirna Cortés Salinas, kolla, C.I. 9.686.648-8,  Aurora Nahuelán González, mapuche, C.I. 10.127.934-0; Beatriz Painiqueo,  mapuche, C.I. 7.991.530-0; Cecilia Flores Carlos,  aymara, C.I.10.715.273-3; Daniel Maribur, mapuche, C.I. 8.265.491-7; Eliana Monardez,  kolla, C.I. 6.391.180-1; Enrique Marinao Artigas,  mapuche, C.I. 9.249.941-3; José González Calderón, yagán, C.I. 9.340.239-1; Juana Cheuquepan Colipe,  mapuche, C.I. 9.964.769-8; María Álvarez Ruíz, kawesqar, C.I. 8.731.219-4; Juan González Caro,   kawésqar, C.I. 9.467.169 – 8, Nelsón Painecur Painen,  mapuche, C.I. 14.076.328-4; Omar Huanchicay Rodríguez, diaguita, C.I. 6.451.084-3; Hortensia Caniumilla Muñoz,  mapuche, C.I 12.335.374-9, Samuel Melinao Zavala, mapuche, C.I. 10.747.939-2, todas y todos dirigentes indígenas, miembros de la “Coordinación Nacional Indígena” y participantes de la Mesa de Consenso con el gobierno de Chile para acordar un reglamento que regule el derecho a la consulta de los pueblos indígenas consagrado en el Convenio 169 de la OIT (en adelante, “Mesa de Consenso” o “Mesa”, indistintamente), para estos efectos domiciliados en mi misma dirección, vengo en presentar Reclamación en contra del Estado de Chile por no adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento satisfactorio del Convenio 169 durante la Mesa de Consenso, en virtud del artículo 24 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante, “OIT”), según las consideraciones de hecho y derecho que expongo en este escrito.

El escrito está compuesto de tres capítulos. El primero desarrolla los elementos de admisibilidad de la Reclamación según el artículo 24 de la Constitución de la OIT. Un segundo capítulo que desarrolla el contexto en que emergen los hechos en que se fundamenta la reclamación, exponiendo los antecedentes del proceso de la Mesa de Consenso y los supuestos que representan una amenaza al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Y un capítulo tercero en que se expone cómo el gobierno chileno no aplica las medidas necesarias para garantizar el debido cumplimiento del Convenio 169, en particular, a partir de la redacción de dos artículos del DS 66.   

I Sobre los elementos de admisibilidad.

  1. Según lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución de la OIT, así como el párrafo 2 del artículo 2 del “Reglamento relativo al procedimiento para la discusión de reclamaciones presentadas con arreglo a los artículos 24 y 25 de la Constitución de la OIT”, a continuación se detallan las condiciones que fundamentan la admisibilidad de la presente reclamación:

 

a)     La reclamación deberá ser comunicada por escrito a la Oficina Internacional del Trabajo. La reclamación presentada por el Sindicato de Panificadores se hace mediante un escrito presentado en la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina, Av. Dag Hammarskjöld 3177, Vitacura, Santiago de Chile, dejando una copia idéntica para la Oficina y quien suscribe este escrito.

 

b)     La reclamación deberá proceder de una organización profesional de empleadores o de trabajadores. Esta reclamación es interpuesta por Fernando Reider  Deumacan Poblete, en su calidad de Presidente del Sindicato de Panificadores Mapuche N° 1 de Santiago, fundado el 1 de mayo del año 1987 y que organiza a 320 socios (Anexo 1). Aun cuando es solicitada por los dirigentes y representantes de pueblos indígenas que participan de la Mesa de Consenso, las preocupaciones que fundamentan nuestra reclamación también son compartidas por el Sindicato, toda vez que nuestros socios son miembros del pueblo Mapuche, uno de las 9 “etnias” consideradas por el Estado de Chile en su ordenamiento jurídico.  

 

Así, y tal como se acredita en los documentos anexos a esta presentación, el Sindicato se encuentra constituido legalmente y su directiva, cuya Presidencia ejerzo, se encuentra vigente al momento de esta presentación, de modo que se encuentra plenamente respaldada por el Sindicato.

 

c)      La reclamación deberá hacer expresamente referencia al artículo 24 de la Constitución de la Organización. Como se reitera en distintos párrafos de esta presentación, la reclamación interpuesta por este Sindicato se sustenta en el artículo 24 de la Constitución de la OIT.

d)      Deberá referirse a un Miembro de la Organización. La reclamación se interpone en contra de la República de Chile.

 

e)      Deberá referirse a un convenio en el que el Miembro contra el cual se formula sea parte. Los hechos por los cuales se presenta esta reclamación se deben a la incorrecta aplicación del Convenio 169,[1]  en particular, de los artículos 6, 7 y 15.

 

f)        Deberá indicar respecto de qué se alega que el Miembro contra el que se dirige no garantiza el cumplimiento efectivo, dentro de su jurisdicción, del mencionado convenio. El gobierno chileno en el ejercicio de sus funciones no garantiza el efectivo cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Convenio 169 de la OIT, en particular, de los deberes y derechos que emergen del ejercicio de los artículos 6, 7 y 15, por cuanto la regulación reglamentaria que ellos estiman, a saber, el ‘Reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena en virtud del artículo 6 N°1 letra A) y N°2 del Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo y deroga normativa que indica’ de 15 de noviembre de 2013 (en adelante, “DS 66”), trasgrede estos derechos al menos en los siguientes campos normativos: (i) al precisar que los proyectos de inversión ingresados al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental no serían consultados según el reglamento consensuado con los pueblos, sino mediante un reglamento inconsulto y restrictivo; (ii) al señalar que las medidas administrativas consultadas estarán sujetas a un tipo de afectación no contemplada en el Convenio 169 ; y (iii) en la forma que el gobierno entiende la afectación directa, no dando debida cobertura a que los pueblos indígenas determinen cómo es que una medida puede o no ser susceptible de afectarlos directamente.

 

II Sobre los hechos en que se fundamenta la reclamación del artículo 24 de la Constitución de la OIT

  1. Los hechos por los cuales se presenta la reclamación se suscitan en el marco de la Mesa de Consenso entre representantes de los pueblos indígenas y el Gobierno de Chile, y que dieron por fruto un reglamento consensuado que sirvió de base para el definitivo, el DS 66. Para comprender los alcances de este proceso y su relevancia para el Decreto 66, a continuación se detallará en dos acápites los siguientes temas: los antecedentes de la Mesa de Consenso propiamente tal (II.I); y la amenaza a los derechos dispuestos en el Convenio 169 durante la Mesa de Consenso, exponiendo las posturas de gobierno en torno a los artículos que precisamente no se consensuaron en esta Mesa (II.II).

II.I. Antecedentes sobre la Mesa de Consenso.

  1. Tiempo después que el Convenio 169 entrara en vigencia en Chile en el mes de septiembre del año 2009, el gobierno chileno dictó el Decreto Supremo 124[2] que “Reglamenta el artículo 34 de la Ley N°19.253 a fin de regular la consulta y la participación de los pueblos indígenas” (en adelante, “DS 124”), o sea, la consulta previa en el fondo, mas con una problema estructural: lo hizo de manera inconsulta y sin participación de los pueblos indígenas concernidos. Por si esto fuera poco, el articulado de este decreto restringía el alcance de los derechos dispuestos en el Convenio, aspecto que fue denunciado por distintas organizaciones indígenas y de derechos humanos. Por esta razón, durante el año 2011 dos líderes indígenas solicitaron la invalidación contra el DS 124, pretensión que fue denegada por el Ministro del Desarrollo Social[3], rechazando así los argumentos de derecho expuestos por los solicitantes.

 

  1. Ante la constante crítica que genera la vigencia del DS 124, el gobierno del Presidente Piñera dispuso de un proceso denominado “gran consulta”[4], la que, en opinión del otrora ministro de Planificación Social, Felipe Kast, no quiso “dejar ningún tema afuera”.[5] En efecto, así fue diseñado un proceso de 6 meses en que el gobierno pretendía consultar: (a) un proyecto de reforma constitucional de reconocimiento de los pueblos indígenas; (b) una nueva institucionalidad indígena; y (c) la regulación del proceso de consulta respecto a dos materias: la reglamentación de los artículos 6 y 7 del Convenio 169 y el procedimiento de consulta como parte del reglamento del Sistema de Evaluación de  Ambiental (SEA).
  2. Los múltiples aspectos a consultar; la relevancia y complejidad de éstas; el escaso tiempo proyectado; y la ausencia de un proceso de consulta diseñado con los pueblos indígenas fueron los puntos débiles que incluso el poder legislativo[6] [7] le advirtió al poder ejecutivo por considerar que lo propuesto por éste no se ajustaba al Convenio 169. Tal fue la magnitud de la crítica que en el mes de septiembre del 2011 el gobierno anunciaba que, luego de haber escuchado los reclamos de los pueblos indígenas, realizarían cambios a lo propuesto, cuestión de reiniciar así un proceso consensuado con los pueblos indígenas[8].

 

  1. Sin embargo, de forma paralela a aquel anuncio que enfocaba los esfuerzos en consensuar un mecanismo de consulta con los pueblos,  el gobierno de Chile persistió en la ejecución de un proceso de participación para el reglamento del SEA que no representó uno que se ajustara al derecho a la consulta propiamente tal. Aun cuando representantes indígenas electos por sufragio popular del Consejo Nacional de CONADI señalaron que este proceso no constituía un proceso de consulta en sí[9], el gobierno envió a Contraloría General de la República (en adelante, “la Contraloría”) el Decreto Supremo N°40 (en adelante, “DS 40”) supuestamente consultado y aprobado por el Ministerio del Medio Ambiente, de fecha 30 de octubre de 2012, con el fin que la Contraloría procediera con el trámite legal para su correcta publicación en el Diario Oficial.

 

  1. El DS 40 remitido para este proceso de toma de razón fue ingresado el día 10 de enero del 2013, instancia en la que dirigentes indígenas de la Mesa de Consenso han aprovechado para exponer sus descargos al Contralor mediante un documento ingresado el 26 de abril del 2013 (Anexo 5). Sin embargo, aun con los reproches jurídicos al proceso de participación tanto como las normas contenidas en dicho reglamento, el DS 40 terminó por entrar en vigencia el 24 de diciembre del año 2013, no existiendo reproche legal por parte de la Contraloría.
  2. Siempre en el contexto anterior, el 8 de agosto de 2012 el gobierno chileno anunciaba públicamente una nueva propuesta de reglamento que reemplazara al cuestionado DS 124[10]. De esta manera, y en las oficinas de la OIT en Chile, se continuaba con el proceso de consulta cuya gran diferencia -respecto del fracasado proceso anterior- radicó en que la planificación así como la participación de los pueblos indígenas no se determinó desde las estructuras gubernamentales, sino que  fue determinada por los mismos representantes indígenas.[11]

 

  1. En efecto, entre los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2012 se oficializó el trabajo nacional de los pueblos indígenas para consensuar una nueva normativa. Con la presencia de más de 250 delegados indígenas territoriales, se realizó en aquellos días un encuentro nacional en la ciudad de Santiago, oportunidad que contó con la participación vía video conferencia del Relator Especial para los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, James Anaya.

 

  1. Desde aquel encuentro nacional comenzó un trabajo en todo el país, relacionando así la participación de los dirigentes y sus organizaciones territoriales, garantizando la organización autónoma de estas frente a la pertinencia que podría tener el Estado. Fueron 150 talleres de consulta a lo largo del país, cuyos objetivos principales fue discutir internamente sobre los alcances del Convenio 169 en Chile, desarrollar una discusión ampliada sobre la reglamentación de la consulta previa y desarrollar propuestas de reglamentación desde las organizaciones indígenas. En efecto, se presentaron 9 contrapropuestas indígenas instalando las diferencias con lo presentado con el gobierno, cuestión que permitió iniciar una “Mesa de Consenso” entre dirigentes indígenas y representantes del gobierno chileno (Anexo 2).

 

  1. Cabe señalar que el proceso denominado “Mesa de Consenso” se trató de una instancia oficial de Estado formalizada en marzo del año 2013[12], cuyo fin fue consensuar con los pueblos indígenas concernidos un mecanismo de consulta previa mediante un reglamento dictado por Decreto Supremo, que para el ordenamiento jurídico nacional se trata de un acto administrativo propiamente tal[13]. En este sentido, se trata de una política oficial de Estado, por tanto, una medida administrativa que debe ser consultada.[14] De este modo, lo que importa señalar es que las opiniones vertidas por los representantes de gobierno en este proceso constituyen una manifestación oficial de gobierno y, en consecuencia, la voluntad del Estado.

 

  1. Así, desde el mes de marzo al mes de junio del año 2013 se realizaron 8 jornadas de diálogo que implicó 23 sesiones en total. En éstas participaron 40 delegados indígenas de los 9 pueblos, 10 representantes Ministeriales de gobierno y todas estas sesiones contaron con la observación de delegados del Instituto Nacional de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de la ONU. Todas estas sesiones de diálogo se encuentran registradas mediante grabaciones audiovisuales y reproducciones escritas, lo que está disponible para el acceso público en internet.[15] 

 

  1. En este contexto, y luego de extensas jornadas[16], los participantes de la Mesa de Consenso lograron diversos acuerdos que permiten mejorar la efectiva implementación del derecho a la consulta previa en Chile. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo en aquellos temas que a nuestro juicio son de relevancia para la debida protección de los pueblos indígenas, pero que en opinión del gobierno no lo son, al punto de estar dispuesto a restringir el alcance del derecho a la consulta previa. Nos referimos a los conceptos de medidas administrativas, afectación directa y proceso de consulta a proyectos ingresados al SEA, cuestión que a continuación detallo a partir de lo sucedido en la Mesa de Consenso y que precede a los artículos definitivos del DS 66

II.II Sobre los supuestos que amenazan a los derechos dispuestos en el Convenio 169 durante la Mesa de Consenso.

  1.  El Sindicato, en representación de las y los dirigentes indígenas, considera que el gobierno de Chile no da garantía de una debida aplicación del Convenio 169 en lo que respecta a la normativa que regula el derecho a la consulta: el DS 66. En particular, en aquellos artículos que no fueron consensuados y cuya redacción final no respeta el sistema internacional de derechos humanos, principalmente los artículos 7 y 8.

 

  1. En ese sentido, aclaramos que nuestra postura objeta con determinación estos artículos ya referenciados, al margen que según el Convenio 169 el Estado chileno no esté en la obligación de lograr el consentimiento sobre esta materia, pues no se trata de una medida que implique el desplazamiento de los pueblos concernidos (artículo 16 del Convenio). Sin embargo, lo que alegamos es que aun en presencia de un disenso entre Estado y pueblos indígenas concernidos, el primero siempre estará en la obligación de respetar y dar garantía a sus obligaciones internacionales[17]. Precisamente esto es lo que no cumple el gobierno chileno con la normativa impugnada del DS 66, razón por la cual quien suscribe reclama en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT. Esto, pues desde el diálogo en la Mesa de Consenso la voluntad del gobierno no se ajustó a los preceptos normativos del Convenio 169, cuestión que se representa en los artículos en cuestión.

 

  1. En lo que viene de este escrito se detallará las posturas expuestas por el gobierno en la Mesa de Consenso en aquellas materias que no fueron consensuadas y que sirven como antesala de los artículos del DS 66 impugnados como medidas que no garantizan los derechos establecidos en el Convenio 169. En particular, se expondrá los supuestos sostenidos por el gobierno chileno para justificar las posturas por las cuales no se llegaron a consenso en lo relativo a: (i) Proyectos de inversión; (ii) medidas susceptibles de afectar directamente; y, (iii) afectación directa, las se detallan a continuación.

 

  1. Respecto a la discusión sobre los (i) proyectos de inversión que ingresan al SEA para su respectiva Resolución de Calificación Ambiental (en adelante, “RCA”) aprobada, y si acaso estas se debían consultar según el mecanismo previsto el DS 40 o el resultante de la Mesa de Consenso, los representantes del gobierno manifestaron con claridad su opinión sobre el reglamento del SEA, en el sentido que éste habría sido debidamente consultado a los pueblos indígenas. Al referirse sobre la génesis del reglamento del SEA, afirmaron:

 

“Nosotros sí creemos que hicimos un proceso de consulta que fue extenso que cubrió la mayor parte del territorio nacional, creemos que la propuesta del reglamento recogió la mayoría de las opiniones que recibimos […]”[18].

  1. El gobierno chileno pretendió mantener a través del reglamento del SEA, y no a través del reglamento que ha sido objeto de la Mesa de Consenso, un sistema de consulta paralelo aplicable a los proyectos de inversión[19]. Estimó a su vez que dicho mecanismo del SEA es el único posible tratándose de este tipo de proyectos[20]. Por último, el gobierno manifestó que continuaría con la tramitación del reglamento SEA y que no lo retiraría del trámite ante Contraloría[21], cuestión que efectivamente ocurrió.
  2. El gobierno también sostuvo que el reglamento del SEA cumplía con los estándares internacionales sobre la consulta, por lo que sería adecuado en cuanto a la definición de afectación directa.

 

“[L]es invito a leer los 16 artículos del reglamento del SEIA, y que me digan después de eso si creen de verdad que no se ajusta a los estándares […]”[22]

 

“[L]la propuesta del reglamento de la SEIA es bastante profunda en cuanto a la definición de la susceptibilidad de afectación directa, está contenida en varios artículos a propósito de los artículos que se refieren a la ley 19.300 […]”[23].

  1. Lo anterior fundamento a partir que los representantes del gobierno manifestaron que el nuevo reglamento generaría una nueva variable social y cultural que considerará en su evaluación ambiental el cambio producido en el medio humano. Además el reglamento del SEA aseguraría un espacio de participación ciudadana donde las comunidades podrían aportar sus observaciones. A opinión de los representantes de gobierno:

 

“[E]l tema medio ambiental considera la fauna, la flora y también incorpora el medio humano, cambios de estilo de vida, la consulta se está regulando, pero eso no significa que el medio humano no está considerado, se está mitigando y discutiendo (sic). Algunos indican que la consulta indígena no tiene nada que ver con la participación ciudadana, lo cual no es correcto […]”[24]

 

  1. En definitiva, dentro de la lógica de gobierno se asomaba la idea de enmarcar los procesos de consulta a aquellos propios del SEA, que como se verá más adelante, no ofrece garantías de un verdadero proceso de consulta, cuestión rotundamente opuesta a las pretensiones de los pueblos indígenas de someter los procesos de participación del SEA al reglamento que se consensuaría, generando por tanto el disenso respecto de lo que fue la última propuesta de gobierno en la Mesa sobre este tema. La redacción de dicha propuesta fue la siguiente:

 

“Artículo 7º.‐ Medidas que autorizan proyectos o actividades que ingresan al Sistema de Evaluación Ambiental.‐ La resolución de calificación ambiental de los proyectos o actividades que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de conformidad a lo establecido en el artículo 10 de la ley N° 19.300, y que requieran un proceso de consulta indígena, se consultarán de acuerdo a la normativa establecida en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

 

Sin perjuicio de lo anterior, la consulta indígena a que se refiere el inciso precedente, se someterá a los artículos 12 y 15 de este reglamento en lo que se refiere a la pertinencia y etapas de dicha consulta, en lo que fuere procedente”.

 

  1. En lo que respecta a (ii) las medidas susceptibles de afectar directamente, el gobierno avanzó en una interpretación que excedía una lectura armónica del artículo 6 del Convenio. En efecto, según el gobierno no todas las decisiones de los órganos de administración del Estado se pueden someter a la consulta previa, aun cuando esas decisiones podrían afectar de alguna manera a los derechos e intereses de los pueblos indígenas. Argumenta que solo las medidas de efectos generales provocan un real impacto sobre los pueblos y esas son las únicas medidas que deberían ser consultadas.

 

“Es mejor definir un tipo de medidas a consultar, un concepto de que tipos de medidas que se consultan, creemos que la definición de medidas administrativas de efectos generales es la más acertada, pues obliga a consultar a aquellas medidas que generan real impacto sobre los pueblos indígenas”[25].

 

  1. El gobierno argumentó que consultar todas las medidas puede burocratizar el sistema y complicar el buen funcionamiento del servicio público, pues puede bloquear el ejercicio de la función del gobierno y hasta perjudicar a los mismos pueblos indígenas[26]. De este modo, el gobierno instaló distinciones que limitaban el ejercicio de la consulta saliéndose de los supuestos de ésta, la eventualidad de una medida en sí y la potencial afectación a los pueblos indígenas. Así el gobierno señaló:

 

“Debemos tener cuidado con la ‘consultivitis’. Decir que todas las medidas se consulten puede significar incluso un retroceso para los pueblos indígenas. Hay que ser bien cuidadoso. Debemos buscar un acuerdo sustentable”[27].

“Respecto de las medidas administrativas, hay que destacar que existen muchas. Creemos que en algún punto hay que hacer una especie de corte, porque hay medidas administrativas y actos administrativos, no creemos lógico que se consulten esas medidas, porque eso va entrampar el buen funcionamiento de un servicio público”[28]

“Por su parte queremos indicar que como Gobierno no estamos de acuerdo en asimilar el concepto de medida administrativa a acto administrativo. No es lo mismo”[29]

  1. En lo que respecta a (iii) afectación directa, el gobierno chileno avanzó una definición de su propio entendimiento de la afectación directa, sin dejar un espacio de autonomía para que los pueblos indígenas puedan determinar cómo es que una medida puede o no ser susceptible de afectarlos directamente. Para el gobierno una afectación directa se tiene que demostrar con criterios específicos[30], rechazando así la propuesta indígena que avanza que los pueblos indígenas pueden expresar libremente la afectación directa.[31] 

 

  1. Los representantes del gobierno estiman que la consulta concebida por el convenio 169 de la OIT trata de un derecho colectivo, que la afectación concierne a los pueblos indígenas solo como colectivo, y estiman que no se debería abordar los derechos individuales o particulares de los pueblos indígenas cuando se trata de afectación directa.[32]

 

“Es importante destacar que existe afectación directa cuando se afecta a los pueblos indígenas y no a las personas particulares” [33]

“Efectivamente el artículo 5 del convenio 169, señala un plano colectivo e individual pero ese artículo aplica a las disposiciones del presente convenio, El convenio está en un plano diferente, los Derechos que establece el Convenio no son para las personas individuales, sino para personas agrupadas. Por eso se habla de derechos colectivos”[34].

“Efectivamente hay ciertos costos, había expectativas que el convenio iba a abarcar otros planes de protección, pero nosotros entendemos que el convenio fue dictado con otros fines para ser aplicado a un plano diferente y a eso queremos hacer énfasis”[35].

  1. Con todo, lo recién expuesto constituye ejemplos de cómo el gobierno entiende el alcance normativo del convenio 169. Las declaraciones vertidas durante el proceso, que en definitiva se trata de la postura concreta del gobierno, también se expresan en las propuestas de normas jurídicas que vendrían a regular las pretensiones del gobierno y que dieron como resultado el DS 66. En lo que sigue se presentan los alcances normativos de las propuestas de gobierno y cómo a la luz de un análisis de derecho estricto también representan una amenaza a los derechos de los pueblos indígenas en Chile.

 

III. Argumentos que sustentan la reclamación.

 

  1. Esta reclamación se presenta por la relevancia del derecho a la consulta previa, libre e informada en Chile, tal como lo demuestra el informe en derechos humanos respaldado por Dejusticia (Anexo 5), así también pues constituye el foco principal de judicialización a propósito de proyectos de inversión en el país, de modo que su regulación tiene un impacto concreto en los derechos de los pueblos indígenas y el interés público.[36] Por lo tanto, se analizarán las propuestas los artículos del DS 66 dictado por gobierno contrastándolas con el ordenamiento jurídico interno e internacional para determinar la forma en que se incurre en un desmedro para los derechos de los pueblos. En otras palabras, cómo el gobierno no garantiza una debida aplicación en el Convenio 169.  

 

  1. Una de las mayores preocupaciones de los pueblos indígenas son los procesos de consulta en proyectos de inversión que ingresan al SEA, [37] principalmente, por la amenaza a los territorios por proyectos mineros, forestales, agropecuarios, entre otros. Aun con dicha focalización de conflictos, el gobierno presentó como articulado definitivo en el DS 66 lo siguiente:

 

“Art. 8 Medidas que califican proyectos o actividades que ingresan al sistema de evaluación ambiental. La resolución de calificación ambiental de los proyectos o actividades que ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 10 de la ley N° 19.300, y que requieran un proceso de consulta indígena según lo dispuesto en dicha normativa y su reglamento, se consultarán de acuerdo a la normativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, dentro de los plazos que tal normativa establece, pero respetando el artículo 16 del presente instrumento en lo que se refiere a las etapas de dicha consulta.

La evaluación ambiental de un proyecto de inversión que considere la realización de un proceso de consulta indígena acorde a la ley N°19.300 y su reglamento, incluirá, en todo caso, las medidas de mitigación, compensación o reparación que se presenten para hacerse cargo de los efectos del artículo 11 de la ley N° 19.300.

 

Para la realización de los proceso de consulta que se realicen en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la autoridad ambiental podrá solicitar la asistencia técnica de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en los términos señalados en el artículo 14 de este reglamento.”

 

  1. Tal como lo plantearon las y los dirigentes indígenas de la Mesa de Consenso al Contralor de la República de Chile (Anexo 5), el DS 40 no cumple con los estándares internacionales sobre el derecho a la consulta previa.[38] En primer lugar, pues este decreto administrativo no fue consultado de manera que garantizara un diálogo genuino. En efecto, según consta en el documento presentado por los dirigentes, el proceso de participación propuesto por el SEA para la adopción de un reglamento de la ley 19.300 fue resistido por los pueblos indígenas como también los consejeros nacionales indígenas electos, quienes manifestaron no estar de acuerdo como un proceso como tal, e, incluso, solicitando la paralización de éste por no cumplir con los estándares internacionales.

 

  1. En segundo lugar, pues las normas contenidas en el DS 40 y que hagan referencia a derechos de los pueblos indígenas, además de ser excepcionales en este decreto, no disponen de un mecanismo claro de consulta. Es más, el artículo 85 de este reglamento delega al SEA el deber de “diseñar y desarrollar un proceso de consulta de buena fe, que contemple mecanismos apropiados según las características socioculturales propias de cada pueblo y a través de sus instituciones representativas, de modo que puedan participar de manera informada y tengan la posibilidad de influir durante el proceso de evaluación ambiental”. En esta línea, el INDH señaló en un informe ad-hoc que el DS 40 no contempla “mecanismos que garanticen el dialogo intercultural y las posibilidades de incidencia de los pueblos indígenas en la aprobación de proyectos de inversión en sus tierras y territorios”[39].

 

  1. El artículo 7 del DS 66 se trata de una reglamentación que arriesga la debida aplicación del Convenio 169, ya que exime del deber de consulta a las DIA. Según este artículo, los proyectos que ingresen al SEA en virtud el “artículo 10 de la ley N° 19.300, y que requieran un proceso de consulta indígena según lo dispuesto en dicha normativa y su reglamento, se consultarán de acuerdo a la normativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”. Sin embargo, ni la ley ni el reglamento señalan que los proyectos que ingresan mediante DIA (art. 10 ley N° 19.300) deben ser consultados.

 

  1. Según dispone el artículo 85 del DS 40, incluso no todos los proyectos ingresados mediante EIA deberán ser consultados, sino que tan sólo aquellos cuyos efectos estén contemplados en los artículos 7, 8 y 9 del DS 40 y que requieren de un EIA y no precisamente de una DIA –así como lo dispone el artículo 7 del DS 66-. En este sentido, existe una contradicción que deja en la exclusión total de los procesos de consulta a los proyectos que sí afectan a los pueblos indígenas y que son ingresado por DIA o EIA, lo anterior, pues somete el contenido de la “afectación directa” a lo que dispone la norma ambiental (DS 40).

 

  1. Para estos efectos, la única referencia a la DIA que realiza el DS 40 dice relación con aquellos proyectos que estén emplazadas en tierras indígenas, áreas de desarrollo indígena o en la cercanía de “grupos humanos indígenas” (artículo 86). Sin embargo, vincula aquellas hipótesis al deber del Director Regional o Director Ejecutivo del SEA realizar “reuniones con los grupos humanos indígenas”, en un plazo no superior a 30 días y con el objeto de “recibir sus opiniones”. En sentido estricto, este artículo en ningún caso señala la realización de un proceso de consulta respecto de la RCA que declare favorable una DIA.

 

  1. En su momento las y los representantes indígenas manifestaron su rechazo a esta redacción, aquella que distingue la necesidad de consulta respecto al impacto ambiental que según la Ley 19.300 requiere de EIA, pues no existe razón jurídica para eximir del deber de consulta a las resoluciones exentas que declaran favorablemente una RCA en tanto que es una medida administrativa. Esto, por dos razones principales: en primer lugar, pues la jurisprudencia nacional ha señalado que una RCA materializa los actos que surgen en un procedimiento ambiental,[40] de modo que se trata de una medida administrativa de término; y, en segundo lugar, porque la jurisprudencia es clara al señalar que de ser necesaria la participación ciudadana, ésta deberá ajustarse a los estándares de la consulta previa[41], comprendiendo la autonomía normativa que posee el convenio respecto de otras leyes sectoriales. De modo que confundir mediante artilugios jurídicos no es tolerable en una democracia que respeta el Estado de Derecho.

 

  1. Con esta propuesta más que profundizar en los derechos de los pueblos se retrocede al evidenciar que la voluntad del gobierno chileno va en dirección contraria a lo señalado por la Corte IDH[42] en este punto, así como lo señalado por el propio relator de la ONU, James Anaya, respecto a la consulta que se debe realizar a este tipo de proyectos.[43] En efecto, el artículo 7 del DS 66 deja sin cobertura del deber de consulta a las DIA, por cuanto la remisión al DS 40 lleva a concluir que no hay hipótesis en que se aplique el DS 66 en el SEA.

 

  1.  En lo que respecta a medidas susceptibles de afectar y afectación directa, en definitiva, el gobierno fusionó en un solo artículo los conceptos jurídicos de “afectación directa” y “medidas a ser consultadas”, siendo la redacción final del artículo 7 del DS 66 el siguiente: 

 

Art. 7 Medidas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas. Los órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 4° de este reglamento, deberán consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles directamente.

 

Son medidas legislativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas los anteproyectos de ley y anteproyectos de reforma constitucional, o la parte de éstos, cuando sean causa directa de un impacto significativo y específico sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales, afectando el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, o la relación con sus tierras.

 

Son medidas administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas aquellos actos formales dictados por los órganos que formen parte de la Administración del Estado y que contienen una declaración de voluntad, cuya propia naturaleza no reglada permita a dichos órganos el ejercicio de un margen de discrecionalidad que los habilite para llegar a acuerdos u obtener el consentimiento de los pueblos indígenas en su adopción; y, cuando tales medidas sean causa directa de un impacto significativo y específico sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales, afectando el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, o la relación con sus tierras.

 

Las medidas dictadas en situaciones de excepción o emergencia, incluyendo terremotos, maremotos, inundaciones y otras catástrofes naturales, no requerirán consulta por su carácter de urgente.

 

Los actos de mero trámite y las medidas de ejecución material o jurídica se entenderán comprendidas en la consulta del acto terminal o decisorio al que han servido de fundamentos o que deban aplicar.”

 

  1. Tanto para las medidas administrativas como legislativas, el gobierno agregó otro elemento para que la consulta previa, libre e informada concurra antes de la adopción de una medida que afecte directamente a los pueblos indígenas, a saber: un “causa directa de un impacto significativo y específico”. Se trata de un enfoque que restringe a priori la posibilidad de afectación de alguna medida, por cuanto excluye del deber de consulta medidas administrativas o legislativas que no teniendo relación con pueblos indígenas sí afectan a los pueblos indígenas, no siendo necesariamente un impacto en su “calidad de tales”, o sea, de pueblos a priori.

 

  1. Dicho elemento adicional, o sea, aquél que dispone que solo serán consultadas las medidas que afecten a los pueblos indígenas siempre que se trate de un “causa directa de un impacto significativo y específico”, carece de toda armonía a la luz del sistema internacional de derechos humanos, tanto como para el sistema doméstico. El Convenio 169 no establece dicha distinción, y si bien se ha entendido que el tipo de afectación se trata del efecto que es percibido de manera especial por los pueblos indígenas, aquello no cierra las hipótesis a que las medidas digan relación exclusiva con éstos.

 

  1. Lo anterior, por ejemplo, pues se sabe que una RCA que declara favorable un proyecto de inversión no dice relación con política indígena en sí, pero un proyecto como éstos sí tiene la capacidad de afectación cuando se trata de un proyecto hidroeléctrico que inunda cementerios indígenas o un proyecto minero que desplaza a pueblos indígenas. De modo que aceptar una fórmula como la que propone el gobierno es renunciar al ejercicio de derechos, cuestión que está lejos de las reivindicaciones que los dirigentes plantearon durante el proceso de diálogo con los representantes de Estado.  

 

  1. Esto también fue refrendado por el Relator James Anaya respecto de la primera propuesta presentada por el gobierno y que también compartía el elemento de “específico” como condición de la “afectación directa”. Según el Relator,[44] la afectación debe entenderse como una incidencia diferenciada y que dice relación con lo específico en cuanto se relaciona con un determinado pueblo, aun cuando la decisión –o sea, la medida en sí- tenga un efecto más amplio, como sería una ley que regulara cuotas de pesca a nivel nacional. Aspecto que se ve restringido con la redacción del artículo 7 del DS 66.

 

  1. Por lo demás, esta norma hace distinción sobre el tipo de “afectación directa” agregando, por tanto, dos elementos no estipulados en el propio artículo 6 del Convenio, de modo que mal podría el gobierno de Chile realizar dicha restricción –al agregar elementos exógenos- a la consulta mediante un instrumento reglamentario, puesto que incurriría en una modificación que debiese realizarse mediante una norma de rango legal[45], más cuando se trata de un derecho vinculado con principios fundamentales del derecho internacional.[46] 

 

  1. Por último, cabe señalar que del articulado del DS 66 ciertos preceptos representan un cambio unilateral de artículos consensuados en la Mesa de Consenso, y que comprometen las acciones que den plena manifestación de un diálogo de buena fe. En particular, de un análisis comparativo entre los artículos consensuados en la Mesa de Consenso y los finalmente redactados en el DS 66, el gobierno realizó los siguientes cambios: la eliminación de algunos órganos de la Administración en el deber de consultar según el reglamento (artículo 4); la eliminación del concepto “miembro de los pueblos indígenas” en tanto que sujetos del derecho de consulta (artículo 6); la eliminación de la redacción consensuada de la solicitud de procedencia de un proceso de consulta por solicitud de un Consejero Nacional CONADI, reemplazándolo por el acuerdo del Consejo en su totalidad (artículo 13), y además, en su inciso final agrega un estándar especial para justificar la impugnación de la procedencia de la consulta.

 

  1. Mención especial merece la excepción del deber de consulta en casos de emergencia, según lo dispone el inciso 4 del artículo 7 del DS 66. El artículo prescribe que “Las medidas dictadas en situaciones de excepción o emergencia, incluyendo terremotos, maremotos, inundaciones y otras catástrofes naturales, no requerirán consulta por su carácter de urgente”. A nuestro juicio, aquello no se ajusta a derecho, pues el ordenamiento jurídico chileno contempla estados de excepción constitucional para el ejercicio de ciertos derechos, en particular los artículos del 38 al 45 de la Constitución. En dichas normas se prescriben cuáles son los supuestos por los cuales ciertos derechos y garantías pueden ser afectados en un estado de excepción, y en ninguno de estas normas se refiere al ejercicio de la consulta previa, libre e informada. Por tal razón, y existiendo reserva legal en una norma orgánica constitucional que regule estos estados de excepción (artículo 44 de la Constitución), mal podría el gobierno realizar dicha excepción mediante un simple Decreto Supremo.  

 

  1. Con todo, y por las razones anteriormente expuesta, este Sindicato interpone Reclamación en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT, por cuanto el Estado chileno no da garantía de adoptar las medidas necesarias para la debida aplicación de las normas del Convenio 169, con el objeto que el organismo competente acoja nuestras observaciones, se pronuncie y aconseje al Estado chileno a adoptar las medidas correspondientes.

 

 FERNANDO REIDER DEUMACAN POBLETE

RUT. 7.824.574 – 3

Presidente del Sindicato N°1 de Panificadores Mapuche de Santiago

Avenida Santa Rosa 1555, Santiago Centro

Región Metropolitana. Chile

ANEXO 1: Estatuto del Sindicato Interempresa N°1 de Trabajadores de las Industrias del Pan y de la Alimentación.

 ANEXO 2. Informe Trabajo Mesa de Consenso

 ANEXO 3. Informe Misión de observación Mesa de Consenso Indígena, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Chile.

 Anexo 4. Informe de Derechos Humanos del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), Colombia.

 ANEXO 5.  Reclamación y Observaciones al Decreto Supremo N°40, presentada por los Pueblos Indígenas a la Contraloría General de la República de Chile

 

 


[1] Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (ILO N° 169), OIT N°169, 72 Official Bull. 59, entrada en vigor 5 de septiembre de 1991, en adelante Convenio 169.
[2] República de Chile, Decreto Supremo 124 de 2009 de Mideplan que reglamenta el artículo 34 de la Ley Nº 19.253 a fin de regular la consulta y la participación de los pueblos indígenas, en adelante el Decreto 124 o DS 124.
[3] Ministerio de Planificación, Resolución Exenta N° 0289, 6 de marzo de 2012
[4] http://www.cooperativa.cl: “Mideplan anunció en La Araucanía consulta nacional indígena”, 8 de marzo de 2011.
[5] http://www.consultaindigena.cl: “Ministro Kast anuncia realización de gran Consulta de Institucionalidad Indígena”, 8 de mayo de 2011.
[6] Senado de la República, “Proyecto de acuerdo de los Honorables Senadores señores Navarro, Girardi, Gómez, Lagos y Quintana, sobre consultas indígenas en el marco del Convenio Nº 169 de la OIT”, Boletín S 1.378-12, 2 de agosto de 2011.
[7] Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, Cámara de Diputados, Oficio 300-43-2011, dirigido a S.E. el Presidente de la República,  de 16 de junio de 2011. En aquella sesión asistieron los diputados Sergio Aguiló, Nino Baltolu, Germán Becker, Fidel Espinoza, Hugo Gutiérrez, Gustavo Hasbún, Tucapel Jiménez, Cristián Letelier, Sergio Ojeda, Joel Rosales y Ximena Vidal.
[8] http://www.consultaindigena.cl: “Ministro Lavín anunció cambios en la Consulta de la Institucionalidad Indígena”, 1 de septiembre de 2011. (última visita 1 de septiembre 2011)
[9] Consejo Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (en adelante, “CONADI”), Acta de Comisión Consulta, 31 de mayo de 2012.
[10] http://www.gob.cl, “Gobierno da a conocer propuesta del nuevo mecanismo de Consulta para Pueblos Originarios”, 9 de agosto de 2012. (última visita 9 de agosto de 2012)   http://www.gob.cl/informa/2012/08/09/gobierno-da-a-conocer-propuesta-del-nuevo-mecanismo-de-consulta-para-pueblos-originarios.htm
[11] CONADI, Acta de acuerdo de Comisión Consulta, 25 de mayo de 2013, disponible en http://www.conadi.gob.cl/images/actas-consulta-consejo/Acta%20Comision%20Consulta%20%20Consejo%20CONADI%2025-05-12.pdf
[12] “Comenzó a sesionar ‘Mesa de Consenso’ entre el Gobierno y dirigentes indígenas para generar Normativa de Consulta y Participación Indígena”, 13 de marzo de 2013. Disponible en http://www.consultaindigena.cl/articulo130313_1.html
 Ley 19.880, Artículo 3º. Concepto de Acto administrativo. Las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos. Para efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública.     Los actos administrativos tomarán la forma de decretos supremos y resoluciones.
     El decreto supremo es la orden escrita que dicta el Presidente de la República o un Ministro “Por orden del Presidente de la República”, sobre asuntos propios de su competencia.     Las resoluciones son los actos de análoga naturaleza que dictan las autoridades administrativas dotadas de poder de decisión.     Constituyen, también, actos administrativos los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias.
     Las decisiones de los órganos administrativos pluripersonales se denominan acuerdos y se llevan a efecto por medio de resoluciones de la autoridad ejecutiva de la entidad correspondiente.     Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional.[14] OIT (2003), Proyecto para Promover la Política de la OIT sobre los Pueblos Indígenas y Tribales de la Oficina Internacional del Trabajo: Convenio Nº 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales: Un Manual, pág. 15.
[15] Para mayor información visitar www.consultaindigena.cl
[16] Documento adjuntado en Anexo Nº 2
[17] Según James Anaya “Como punto de partida hay que tener presente que con o sin el consentimiento de la parte indígena, el Estado tiene la obligación dentro del derecho internacional de respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas de acuerdo a los estándares internacionales establecidos”. Ver Anaya, James. El deber estatal de consulta a los pueblos indígenas dentro del Derecho Internacional. Seminario sobre “La Consulta Previa a los pueblos indígenas y el rol de los Ombudsman en América Latina”, evento organizado por la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), Lima, 25 de Abril de 2013, pág. 5.
[18] Cuarta Sesión de la Mesa de Consenso, 26 de abril de 2013. José Adolfo Moreno, Jefe de División Jurídica, Servicio de Evaluación Ambiental. En la misma sesión, afirmó: “Hicimos un reglamento [SEIA] que hace justicia con lo que nosotros mismos recogimos”.
[19] “[N]uestra propuesta es que la consulta indígena se haga en el SEIA. Creemos que es ahí el espacio donde se deben hacer, que es lo que ha dicho el Sea”. Cuarta Sesión de la Mesa de Consenso, 26 de abril de 2013. Matías Abogabir, Ministerio de Desarrollo Social. “[N]o vemos la necesidad de replicar la misma función que está contemplada ya en la institucionalidad ambiental en este reglamento, no porque no queremos aplicar ese reglamento a los proyectos de inversión sino porque estoy ya está contemplado en el SEIA.” Cuarta Sesión de la Mesa de Consenso, 26 de abril de 2013. Iván Cheuquelaf, Ministerio SEGPRES.
[20] “Es importante destacar que la Consulta indígena de los proyectos de inversión, si no se incorpora en el SEIA no se podría hacer, pues tenemos la normativa actual no la contempla […]”. Cuarta Sesión de la Mesa de Consenso, 26 de abril de 2013. Matías Abogabir, Ministerio de Desarrollo Social.
[21] “El Gobierno continuará tramitando el reglamento ambiental en Contraloría, porque creemos que es necesario que se actualice esa normativa, que contemple la consulta indígena”. Cuarta Sesión de la Mesa de Consenso, 26 de abril de 2013. Matías Abogabir, Ministerio de Desarrollo Social.
[22] Cuarta Sesión de la Mesa de Consenso, 26 de abril de 2013 José Adolfo Moreno, Jefe de División Jurídica, Servicio de Evaluación Ambiental.
[23] Cuarta Sesión de la Mesa de Consenso, 26 de abril de 2013 José Adolfo Moreno, Jefe de División Jurídica, Servicio de Evaluación Ambiental.
[24]  Quinta Sesión de la Mesa de Consenso, 10 de mayo de 2013, Ministerio de Economía.
[25] Cuarta Sesión de la Mesa de Consenso, 26 de abril de 2013. Matías Abogabir, Ministerio de Desarrollo Social. En la misma sesión, afirmó Creemos que lo lógico es que se consulten las cosas que de verdad se tienen que consultar.
[26] Creemos que con la redacción original que han propuesto los pueblos indígenas de las medidas a consultar, se puede dar el absurdo que se deba consultar todo y eso puede ir en perjuicio de los pueblos indígenas. Cuarta Sesión de la Mesa de Consenso, 26 de abril de 2013. Matías Abogabir, Ministerio de Desarrollo Social.
[27]  Séptima Sesión de la Mesa de Consenso, 14 de junio del 2013 Matías Abogabir, Ministerio de Desarrollo Social.
[28] Cuarta Sesión de la Mesa de Consenso, 26 de abril de 2013. Matías Abogabir, Ministerio de Desarrollo Social.
[29] Cuarta Sesión de la Mesa de Consenso, 26 de abril de 2013. Matías Abogabir, Ministerio de Desarrollo Social.
[30]Quizás hay muchos conceptos que son claros para los Pueblos Indígenas pero no para el Gobierno. Tenemos distinta forma de ver las cosas dependiendo de las culturas. Cuando hablan de territorio, tenemos que ver que significa. Patrimonio cultural inmaterial. ¿qué se entiende por los PPII sobre esto? Que alguien pueda decir que es afectado. Cómo se demuestra. Convenio habla de pueblos, no de personas. términos que no son conocidos. Tenemos que clarificar conceptos” Cuarta Sesión de la Mesa de Consenso, 26 de abril de 2013. Matías Abogabir, Ministerio de Desarrollo Social En la misma sesión, afirmó : “Si bien entendemos que pueda haber un patrimonio cultural inmaterial de los PPII. Tiene que haber una instancia o una forma en que el ejecutivo conozca ese patrimonio inmaterial”.
[31] Respecto de la redacción que dice que la afectación directa se puede dar cuando “alguien lo exprese” y no necesariamente que alguien lo demuestre, nos parece complicado Cuarta Sesión de la Mesa de Consenso, 26 de abril de 2013. Matías Abogabir, Ministerio de Desarrollo Social.
[32] En la doctrina internacional, y los órganos de control, señalan que la consulta surge de la naturaleza colectiva de los pueblos indígenas. Existen otras herramientas para resguardar derechos individuales, de los miembros de eso colectivo pero la consulta se dice de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.” Sexta Sesión de la Mesa de Consenso, 30 de mayo del 2013, Iván Cheuquelaf, Ministerio SEGPRES.
[33] Cuarta Sesión de la Mesa de Consenso, 26 de abril de 2013. Matías Abogabir, Ministerio de Desarrollo Social.
[34] Sexta Sesión de la Mesa de Consenso, 30 de mayo del 2013, Iván Cheuquelaf, Ministerio SEGPRES.
[35] Sexta Sesión de la Mesa de Consenso, 30 de mayo del 2013, Iván Cheuquelaf, Ministerio SEGPRES.
[36] La Tercera, Editorial, Dificultades para aplicación del Convenio 169, 1 de agosto de 2013, disponible en http://www.latercera.com/noticia/opinion/editorial/2013/08/894-535691-9-dificultades-para-aplicacion-del-convenio-169.shtml
[37] Ver Cristian Sanhueza Cubillos, La Consulta previa en Chile: del dicho al hecho, en Derecho y pueblo mapuche, (2013), disponible en http://www.derechoshumanos.udp.cl/derecho-y-pueblo-mapuche/
[38] Instituto Nacional de Derechos Humanos, El Deber de consulta Previa en la Propuesta de Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental, Minuta aprobada por el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos el 13 de mayo de 2013 – Sesión Extraordinaria 152, 13 de mayo de 2013.
[39] Id., p. 30.
[40] Corte Apelaciones de Antofagasta, Caso Comunidad Agrícola los Huasco altinos con Comisión de Evaluación III Región de Atacama, sentencia rol 618-2011, 17 de febrero de 2012, considerando 5. La Corte señala que Resolución es “la única que materializa o concreta los distintos actos administrativos”, cuestión que ratifica la Corte Suprema en el fallo de alzada.
[41] Ver Corte Suprema, caso Faumelisa Manquepillan C. C/ Com. Medio Ambiente, sentencia rol 60-62-2010, 4 de enero de 2011, considerando 3; Corte Suprema, caso Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños contra Comisión Regional del Medio Ambiente Antofagasta, sentencia rol 258-2011, 13 de julio de 2011, considerando 10; Corte Suprema, caso Comunidad Indígena Antu Lafquen de Huentetique contra Comisión Regional del Medio Ambiente Región de los Lagos, sentencia rol 10.090-2011, 22 de marzo de 2012, considerandos 10 y 11; Corte Suprema, caso Marcelo Condore Vilca Consejero Territorial Alto Tarapacá y otros contra Directora Servicio de Evaluación Ambiental Primera Región de Tarapacá, sentencia rol 11.040-2011, 30 de marzo de 2012, considerando 11.
[42] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Saramaka vs. Surinam, Sentencia del 28 de noviembre de 2007, párr. 133,137 Puntos Resolutivos 5 a 9.Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, Sentencia de 27 de junio de 2012, párr.177, 206, 232.
[43] Comentarios del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en relación con el documento titulado: “Propuesta de gobierno para nueva normativa de consulta y participación indígena de conformidad a los artículos 6° y 7° del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, Chile Noviembre de 2012 parr 73 “El Relator Especial quisiera hacer presente que las normas internacionales aplicables establecen un estándar específico de obligaciones estatales, en relación a medidas que autorizan proyectos de inversión o desarrollo o concesiones en territorios indígenas o sus cercanías. Tal estándar, derivado del deber de protección de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos, entre otros derechos, comprende, como mínimo a) la consulta previa y, en algunos casos, consentimiento, b) la realización de estudios de impacto, y c) la participación en los beneficios.”
[44] Comentarios del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en relación con el documento titulado: “Propuesta de gobierno para nueva normativa de consulta y participación indígena de conformidad a los artículos 6° y 7° del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, Chile Noviembre de 2012
[45] Corte IDH, Opinión Consultiva OC-6/86 La expresión “leyes” en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 1986, pár. 35.
[46] Corte IDH, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, Sentencia de 27 de junio de 2012, párr. 164.

Representantes de Pueblos Indígenas de Chile presentan reclamación ante la OIT

Dirigentes indígenas de distintos pueblos señalan que Chile no adopta las

medidas necesarias para la aplicación del Convenio 169 de la OIT

El Sindicato N°1 de Panificadores Mapuche de Santiago, en representación de los participantes de los pueblos indígenas en la Mesa de Consenso, interpone Reclamación contra Chile en la OIT

14 de enero 2014, Santiago, Chile – Luego de un proceso de diálogo conocido como “Mesa de Consenso”, que duró aproximadamente 5 meses durante el año 2013, el Estado chileno no ha generado las medidas necesarias para dar debido cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Convenio 169 de la OIT, según lo señalan dirigentes de distintos pueblos indígenas.

 Según el escrito de Reclamación presentado por el Sindicato en representación de las y los dirigentes, el Gobierno promulgó el Decreto N° 66, ingresándolo a Contraloría en el mes de Noviembre del año 2013, y en dicho texto, los artículos relacionados con “Afectación Directa” y “Medidas a Consultar”, artículo 7, y “Proyectos de Inversión”, artículo 8 respectivamente, no dan garantía de encontrarse en armonía con las normas del Convenio 169. 

 “Si bien es cierto valoramos profundamente la voluntad política del Gobierno para iniciar un diálogo constructivo con nuestros pueblos, no podemos dejar de mencionar que las dificultades están relacionadas con los temas mencionados anteriormente, sobre todo cuando estos conceptos se interpretan a partir de la legislación ambiental y no del Convenio 169”, señaló Marcial Colín, Consejero Nacional CONADI, y uno de los dirigentes concernidos por esta gestión que pone en tela de juicio al estado chileno a nivel internacional.

 A propósito de la necesidad de resguardar los derechos de los pueblos indígenas, y a solicitud de los dirigentes que participaron en la Mesa de Consenso, “hemos resuelto presentar formalmente una Reclamación ante la OIT para que el órgano competente se pronuncie sobre el contenido de dichos artículos y se determine si éstos dicen relación con lo que se plantea en el Convenio 169”, agregó Fernando Reider Deumacan, presidente del Sindicato N°1 de Panificadores Mapuche de Santiago.

 En opinión del experto internacional en derechos humanos, César Rodríguez Garavito, miembro fundador del Centro de Estudios de Derechos Justicia y Sociedad – Dejusticia (Colombia), la Reclamación “busca que se proteja el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas chilenos, ya que, como está, el artículo 7 del Decreto Supremo 66 restringe el derecho a la consulta. Por lo tanto, constituye una violación por parte del Estado de los estándares internacionales de protección de los derechos de los pueblos indígenas”.

 La Reclamación será presentada en la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina, Av. Dag Hammarskjöld 3177, Vitacura, Santiago de Chile, el día martes 14 de enero a las 11:00am. Para cualquier información, póngase en contacto con:

 En Chile:

Marcial Colín Lincolao

Consejero Nacional CONADI

+56-9-66185021 (Villarrica, Chile)

putralkan@gmail.com

En Colombia:

César Rodríguez Garavito

Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad – Colombia

57-1-6083605 (Bogotá, Colombia)

cerogara@gmail.com

FINALIZA CURSO DE ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES MAPUCHE

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Seis semanas duró el Curso de Elaboración de Instrumentos Musicales Mapuche. La iniciativa fue financiada por CONADI y tuvo una masiva aceptación en distintas comunidades del territorio del Mallolafken ( Villarrica – Chile). Las clases se realizaron todos los martes ( en la sede de la comunidad Kuifi Mapu de Liumalla) desde las 10:00 hrs. […]