CONGRESO NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS

CONGRESO  NACIONAL  DE  PUEBLOS  INDÍGENAS. 

”  Por el ejercicio de nuestros derechos”

Los días 7, 8 y 9 de agosto del presente año, se realizará en la ciudad de Santiago de Chile, el Congreso Nacional de Pueblos Indígenas, con miras a la instalación de una Agenda Política Propia.

Este Congreso nacional está siendo convocado y organizado por la Mesa Nacional de Consulta Indígena, en la cual participan representantes de siete pueblos indígenas del país, con presencia desde Arica a Puerto Williams.

El fin del Congreso es contribuir al desarrollo de la discusión política de los pueblos indígenas del país, en el marco de los derechos humanos reconocidos por distintos instrumentos jurídicos, especialmente el Convenio 169 de la OIT y  la Declaración de Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Se pretende también generar  espacios de discusión nacional referente al ejercicio de derechos de los pueblos indígenas, debatir en función de prioridades nacionales indígenas  y el impacto del Convenio 169 en el país, elaborar un documento que sintetice la discusión de los pueblos indígenas del país y elaborar una Agenda Política Propia de los Pueblos Indígenas.

La Comisión Organizadora, espera que en los próximos días se afine el Programa Final,el cual será dado a conocer por distintos medios de difusión.

Mapuches de Villarrica Crean su Propia Universidad

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Comunicado Público Villarrica. 11 de Noviembre de 2011. El Consejo Territorial Mapuche Mallolafken de Villarrica, comunica a la opinión pública regional, nacional e internacional lo siguiente: 1.- Hoy hemos fundado la Universidad Mapuche para la Libre Determinación, en un Acto que contó con la presencia de  más de 60 dirigentes de este territorio. 2.- La […]

Carta a Ministro Medio Ambiente por Consulta Indígena

 

 

Villarrica, 9 de Julio de 2014

 

Pablo Badenier Martínez

Ministro Medio Ambiente Gobierno de Chile

Presente.-

 

A través de la presente le saludo cordialmente.

Soy Marcial Colín Lincolao, Consejero Nacional Indígena de CONADI, electo por votación popular para el período 2012-2016. He sido dirigente mapuche en el territorio de Villarrica desde el año 1999.

En esta condición uno de los objetivos a los que he dedicado esfuerzos permanentes ha sido el relacionado con la implementación de los derechos que se nos han reconocido como pueblos indígenas. Particularmente he promovido el ejercicio del derecho a la consulta y participación indígena como elementos básicos para una relación basada en derechos con el Estado y particulares.

El derecho a la consulta, es un derecho cuyo ejercicio les debe permitir a nuestros pueblos indígenas recuperar el sentido de la toma de decisiones políticas de manera colectiva.

Es por eso que le escribo, por cuanto como es de su conocimiento en el país está vigente el Convenio 169 de la OIT, el cual tiene la particularidad de basar sus disposiciones en el derecho a la consulta y participación de los pueblos indígenas. Esta consulta procede “toda vez que se prevean medidas administrativas y legislativas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas”.

En ese sentido es que me llama profundamente la atención que se haya ingresado el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas al Congreso Nacional sin antes haber consultado a los pueblos indígenas.  Sobre la afectación a los pueblos indígenas en estas materias existe abundante literatura jurídica a nivel internacional, por si no nos cree a los pueblos indígenas. Tal acto de presentar un proyecto de ley de ese alcance, no puede dejar de lado a nuestros pueblos indígenas, pues con eso se está vulnerando el derecho del cual somos depositarios.

Un dato, además, que nos resulta sorprendente es la respuesta que se me envía desde la Unidad Nacional de Consulta y Participación Indígena, dependiente del Subsecretario de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social,  la cual expresa textualmente que “En lo relacionado al Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestre Protegida, de acuerdo a la normativa legal vigente, corresponde al Órgano de la Administración del Estado que dicta la medida administrativa o legislativa susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas, llevar a cabo la coordinación y ejecución de la consulta” .

Esta respuesta está relacionada con la solicitud de inicio de consulta que realizamos un grupo de dirigentes de distintos pueblos indígenas el día 20 de mayo del año en curso.

Entiendo que la respuesta recibida no niega la realización de la consulta, sino que la traspasa a su Ministerio, razón por la cual solicito a Ud.  respetar nuestros derechos como pueblos indígenas y subsanar esta situación convocando a consulta indígena de acuerdo a la normativa vigente.

Esperando una respuesta.

 

Marcial Colín Lincolao

Consejero Nacional Indígena CONADI

 

 

LA COMISIÓN DE TIERRAS DEL CONSEJO DE CONADI Y SUS ESFUERZOS POR TRANSPARENTAR EL MECANISMO DE COMPRA DE TIERRAS.

LA COMISIÓN DE TIERRAS DEL CONSEJO DE CONADI Y  SUS ESFUERZOS POR TRANSPARENTAR EL MECANISMO DE COMPRA DE TIERRAS.

Marcial Colín Lincolao

Consejero Nacional CONADI ( 2012 – 2016)

Para nadie es un misterio la alta complejidad que significa abordar el tema de los pueblos indígenas, especialmente en lo que significa la compra de tierras por parte del Estado a comunidades, parte de comunidades e individuos indígenas.

La Ley 19.253 crea un Fondo de Tierras y aguas y establece que estos se ocuparán en

a) Otorgar subsidios para la adquisición de tierras por personas, Comunidades Indígenas o una parte de éstas cuando la superficie de las tierras de la respectiva comunidad sea insuficiente, con aprobación de la Corporación.

 Para obtener este subsidio se distinguirá entre postulaciones individuales y de comunidades.

Para las postulaciones individuales el puntaje estará dado por el ahorro previo, situación socio-económica y grupo familiar.

Para las postulaciones de comunidades el puntaje estará determinado, además de los requisitos de la postulación individual, por su antigüedad y número de asociados.

Un Reglamento establecerá la forma, condiciones y requisitos de su operatoria;

b) Financiar mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierras, en especial, con motivo del cumplimiento de resoluciones o transacciones, judiciales o extrajudiciales, relativas a tierras indígenas en que existan soluciones sobre tierras indígenas o transferidas a los indígenas, provenientes de los títulos de merced o reconocidos por títulos de comisario u otras cesiones o asignaciones hechas por el Estado en favor de los indígenas.

 La compra de tierras se reguló el año 1994 a través del Reglamento 395 – vigente hasta la fecha- el cual establece que para “la operación de mecanismos de financiamiento que permitan solucionar los problemas de tierras…” ,  “El Director, previo informe jurídico administrativo sobre cada una de las solicitudes, resolverá sobre la base de los siguientes criterios prioritarios: 1. Número de personas o comunidades. 2. Gravedad de las situaciones sociales para un alto número de familias o para toda una comunidad. 3. Antigüedad del problema con caracteres de magnitud en la comunidad respectiva”. (art. 6).

Todo lo anterior para muchas comunidades resulta prácticamente desconocido, lo que hace que a pesar de existir una gran cantidad de solicitudes, éstas no reflejan la magnitud de una reclamación que tiene sustento legal, aparte del derecho al cual nunca se ha renunciado.

 Esto resulta más complejo aún, cuando las comunidades se organizan territorialmente y más allá del derecho a la tierra se asumen desde tres principios y derechos fundamentales: el derecho a ser reconocidos como pueblo, el derecho al territorio y el derecho a la libre determinación. Todos, reconocidos en instrumentos jurídicos internacionales especialmente en el Convenio 169 de la OIT (vigente en el país desde el 2008) y la Declaración de Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ( aprobada con el voto favorable de Chile).

 Pongo el acento en lo anterior, por cuanto el mecanismo actual de compra de tierras fue creado en el año 1994, existiendo no sólo un desfase frente a la reclamación indígena, mapuche particularmente, sino también un desfase en lo relacionado al estándar con que se aplican los criterios. Claramente el mecanismo de compra de tierras, en la actualidad, está no sólo sobrepasado sino también obsoleto.

Ahora si miramos en retrospectiva y si alguien hace un estudio serio de la forma en que la institucionalidad ha abordado este tema, quedan muchos cabos sueltos. Bastaría hacer el análisis de las comunidades a las que se les ha comprado tierras, la cantidad de hás.,  cuántas veces se les ha comprado ( en algunos casos se les ha comprado más de una vez) y que tipo de apoyos desde toda la institucionalidad han tenido las comunidades para iniciar procesos que apunten a definir y decidir su propio desarrollo.

Por eso resulta poco creíble cuando sectores políticos de la actual administración plantean públicamente que se está aplicando una “nueva política de tierras”, eso sirve para las líneas editoriales sensacionalistas de medios escritos regionales y nacionales, pero no sirve para que los pueblos indígenas avancen en el ejercicio de sus derechos. Y es poco creíble porque estuvieron sólo cuatro años fuera de la administración del Estado, por lo tanto todo lo que se ha hecho en materia indígena hoy tiene una continuidad que no tiene por donde cambiar de rumbo, a menos que se superen los eslogans y se cree alguna instancia política que tenga el poder para lograr acuerdos e implementarlos.

Sobre el diagnóstico, no quiero redundar, sin embargo, lo que sí es necesario que la opinión pública y las comunidades conozcan es que el actual Consejo Nacional de CONADI, del cual formo parte, asumió sus funciones en abril del año 2012. Todos los consejeros mapuche llegamos por primera vez a esta instancia, la cual prácticamente no se renovaba desde varios periodos.

Una de las primeras comisiones de trabajo que funcionó fue la Comisión de Tierras, la cual es presidida en la actualidad por el consejero mapuche Andrés Matta Cuminao, elegido por votación popular en la IX región de la Araucanía.

La Comisión Tierras enfocó su trabajo en  transparentar los criterios con los cuales se determina la priorización de compra de tierras, por cuanto los reclamos justos de muchas comunidades no tenían respuestas de la institución. Si bien es cierto, estos criterios se encuentran establecidos en el D 395, no se conocía con certeza la cantidad de comunidades ni la forma en que estas se aprobaban. Recalco que muchas compras se hicieron por  “acuerdos de consejo”, lo cual no existe en la ley ni en el reglamento.

Es por eso, que a pesar de que difundir de manera pública y con transparencia es deber de la institución, pongo a disposición un listado de comunidades priorizadas en el gob.   anterior, priorización a cargo del director nacional y su equipo.  En lo personal no conozco listados anteriores heredados de gobiernos anteriores.

Las comunidades deben saber en qué situación se encuentran. Desde mi función de consejero he conocido de cerca la marginación de comunidades que sin mayores razones se les ha postergado sin explicaciones, o sencillamente culpando a consejeros indígenas actuales que no tenemos relación con el ámbito de las decisiones en esta materia. En una columna se puede observar que existen comunidades que han iniciado sus procesos en el año 1997 y para las cuales no existe estado de derecho.

 Hace pocos días atrás, en reunión con funcionarios de la Subdirección de Conadi en la ciudad de Villarrica, muchas comunidades que iniciaron procesos de estudios y solicitud en el año 2000, reaccionaron con indignación ante la evidencia de que sus solicitudes y estudios de sus reclamaciones “se habían perdido”, como por arte de magia, de las oficinas de Temuco.

Esa es la obsoleta “política de tierras” que se pretende hacer pasar como nueva.

Ahora bien, que las comunidades decidan cómo y cuándo se les debe comprar según la actual legislación y  no los parlamentarios ni las designadas autoridades.

 Ver adjunto. Listado de comunidades priorizadas

comunidades_con_resolucion_20_b_por_region.xls

 

 

 

“Mucho ruido, pocas nueces”. Respuesta del Gobierno a la solicitud de consulta indígena.

“Mucho ruido, pocas nueces”.

Respuesta del Gobierno a la solicitud de consulta indígena.

Marcial Colín Lincolao

Consejero Nacional Indígena CONADI  ( 2012-2016)

 

El 20 de mayo del presente año, la Coordinación Nacional  indígena presentó  a  la Ministra de Desarrollo Social una solicitud de consulta indígena sobre cuatro temas en específico:

1.- Sobre la participación política de los pueblos indígenas.

2.- Ministerio Asuntos Indígenas.

3.- Consejo de Pueblos Indígenas

4.- Proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Tanto los hechos como los argumentos que se usan para esta solicitud se plantean ahí con bastante claridad.

La respuesta demoró  en salir de oficina. En realidad salió por capítulos: vía telefónica, por correo electrónico, por señal on line, un poquito de presión para no perder la costumbre, pero salió.

Claro que no se sabe si es oficial o no, por cuanto quien finalmente va al choque es el típico mapuche quien se enorgullece de su firma, aunque no esté muy convencido de lo que dice. Es como la carta en que el director nacional de CONADI le pregunta a la Corte que significa “no innovar” y firma solo, como un súper héroe, como un “jovencito” de película, con la diferencia que vio mal la película, porque los jovencitos nunca son “indios”. ¡tan solo preguntando güevadas y con tantos asesores leguleyos!… pero no quiero referirme a quien, a pesar de todo,  parece que tiene siete vidas, sino a la respuesta directa de nada menos que del Coordinador Nacional de la Unidad  Nacional de Consulta y Participación Indígena. Si la carta no viniera en pdf y con logo del Gobierno de Chile, me habría imaginado que es una carta de un Gobierno Indígena (que algún día llegará por estos lados) o de Chiapas o de por ahí por algunas coordenadas más literarias que las nuestras, pero no, viene directamente de la oficina que quedó por ahí, y que de ser una oficina política pasó  nuevamente al ministerio de todas las pobrezas.

La carta está fechada a seis días de iniciado nuestro nuevo y peregrino ciclo del sol. Es decir a varios días de realizada la solicitud y llegó a mi correo electrónico el día 1 de julio, después de sostener una poco amistosa conversación – o diálogo mejor dicho – con el Sr. Faúndez.

El segundo párrafo de la carta trata de ser explicativo, sin embargo, resulta ambigua la redacción. En el tercer párrafo se nos informa que el Gobierno inició dos consultas el día 24 de junio. Una relativa al Ministerio de Asuntos Indígenas y otra al Consejo o Consejos de Pueblos Indígenas. Llama la atención esto último, ya que lo conocido era la creación de un consejo nacional, sin embargo aquí queda la impresión que será más de un consejo. Si fuera así, la ambigüedad resulta mayor por cuanto las instituciones representativas las definen solamente los pueblos y no los gobiernos. Con mayor razón se requiere conocer el anteproyecto de ley.

Sobre la forma en que se realizará la consulta es bien explícito al mencionar que ésta se realizará de acuerdo al DS 66.  Sin embargo, según este DS, art. 15 la consulta se inicia con la convocatoria a las instituciones representativas y aquí tal convocatoria aún no se realiza. ¿cómo pudo entonces iniciar formalmente la consulta el día 24 de junio?.

Por último, al hacer referencia al proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, podemos deducir que tal proyecto sí amerita consulta indígena, pero que ésta depende del órgano de la administración del Estado del cual depende la medida. Dicho eso, claramente la Presidenta incumple con la normativa vigente.

Sobre la participación política no hubo respuesta.

Aunque insisto, esta carta puede ser autodestruida una vez que la lean. La Fiscalía del Ministerio de Desarrollo Social anunció respuesta diciendo lo siguiente:

“ Estimado:

En virtud de presentación realizada sobre procesos de consulta indígena informo a usted que la respuesta respectiva se despacha con esta fecha mediante Ordinario 3143.

Saludos”.

La fecha de esta respuesta sin carta y sin doc.  adjunto es el 16 de junio. Es decir, aquí alguien perdió la compostura.

 

 Documento Adjunto. Respuesta del Gob.

Respuesta del Gob.

 

Las “cosas obvias” de un sector de la Nueva Mayoría, implican vulnerar derechos de los pueblos indígenas.

 

 

Las “cosas obvias”  de un sector de la Nueva Mayoría, implican vulnerar derechos de los pueblos indígenas.

Marcial Colín Lincolao

Consejero Nacional Indígena CONADI ( 2012-2016)

No se puede analizar el actual gobierno de la Presidenta sin analizar su primer gobierno y sus actos relacionados con los pueblos indígenas. Actos que objetivamente a pesar de incorporar el Convenio 169 de la OIT al ordenamiento interno, dejaron de  lado sus disposiciones y se alejaron de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas.

Según la OIT “Una vez que se ratifica el Convenio, el país que así lo hace cuenta con un año para alinear la legislación, políticas y programas antes de que el mismo devengue jurídicamente vinculante.”[1]

Esta afirmación supone en la práctica la constitución estatal de un nuevo enfoque en la mirada hacia los pueblos indígenas, por cuanto entre las implicancias que trae aparejado el C 169 se encuentra la modificación de leyes sectoriales que han perjudicado y desposeído a los pueblos, se encuentra la implementación de la consulta (deber del Estado y derecho de los pueblos indígenas), la participación como derecho de los pueblos indígenas a decidir sus prioridades, entre otros. Le plantea también al Estado que no puede establecer medidas contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos indígenas. (art. 4 C 169).

Lo anterior no se vio reflejado en el primer gobierno de Bachelet, sino que independiente de su voluntad política de expresar en el lanzamiento del Pacto  Re-conocer, que el problema con los pueblos indígenas era un problema de derechos y no de pobreza, tal voluntad se cae al dictar el DS 124 cuyo principal promotor fue el Sr. Viera Gallo. Este DS 124, fue el decreto que se utilizó para realizar la “consulta” al proyecto de ley que extiende el D 701, por ejemplo.

Lo que se pretende poner en evidencia, es que a pesar de la crítica, no hubo respuesta positiva para derogar este decreto hasta que entra en vigencia el DS 66, decreto que se basa en el C 169 de la OIT y no en la Ley 19.253. Hasta ahí, información que muchos indígenas con rostro o sin rostro han dejado pasar.

El DS 124 se acomodaba a ambos bloques gobernantes. Les resultaba fácil escuchar simplemente a las organizaciones indígenas interesadas, pero quien redactaba la medida finalmente la hacía al amparo de una normativa que era contraria a los derechos de consulta y participación de los pueblos indígenas. Por eso, no asombra que hasta el día de hoy el Gobierno, en esta segunda oportunidad, se complique tanto en cumplir con su deber de respetar su propio estado de derecho. No asombra que se complique tanto en respetar el derecho a la consulta y participación de los pueblos indígenas. Hay bases ideológicas que sustentan un grupo de individuos detrás de un programa de gobierno que no se dio cuenta a tiempo que los pueblos indígenas interesados, al menos en unas cuántas organizaciones, han superado la vieja práctica de una demanda de tipo asistencial por una exigencia que pone en el centro del debate el elemental derecho a la consulta como condición para iniciar un diálogo político. Esto es lo que no se entiende. En esto están incluidos individuos mapuche que han obtenido cargos desde asesores hasta un embajador.

¿Pero por qué cuesta tanto implementar el derecho a la consulta?. Hace unos días atrás el principal promotor del DS 124, el Sr. Viera Gallo, escribe desde una columna haciendo una pregunta que tiene mucho del pensamiento de varios de la actual Nueva Mayoría:  ¿La consulta indígena es un nudo gordiano?[2] . Al desarrollar su columna justifica en una supuesta reunión con dirigentes mapuche que “las cosas obvias”, no se deberían consultar. Seguidamente plantea con todas sus letras que el Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de Pueblos no deberían ser consultados sino que “el Gobierno podría poner urgencia a esos proyectos y hacer las indicaciones que estime oportunas”. Nada más lejano que el C 169 y, por supuesto, muy cercano a su derogado DS 124, que tanto él como su grupo de indígenas que le besaron los pies cuando fue Ministro aún añoran. Entre ellos tenemos a quienes participaron de la comisión programática de la actual Presidenta y que han asumido cargos en su administración. Específicamente en el Ministerio de Desarrollo Social y sus dependencias.

Pues bien, eso es lo que también creen los funcionarios de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas, quienes hasta el momento aparte de no saber identificar el rumbo de la política de la Presidenta Bachelet, se pelean por quien manda en la Corte. El Subsecretario Juan Eduardo Faúndez, de quien depende esta oficina, ha sido particularmente silencioso en materia indígena y no ha sido muy activo en el Consejo Nacional de CONADI, institución en la cual le corresponde participar según la Ley 19.253, y en la cual se debiera dar un debate permanente sobre temas de alto interés para los pueblos indígenas.   Por el contrario, las acciones que ha realizado el gobierno, de la mano de Faúndez y sus Chicago Masters rayan en lo pueril. En el primer consejo de CONADI, el director nacional pretendió aprobar una consulta indígena que estaba realizando sólo en sus pensamientos. Posteriormente a nivel nacional ha repetido que se respetarán los derechos de los pueblos indígenas, pero a nivel internacional ha dicho que el país avanza en la instalación de un “indigenismo institucional”. Por otro lado, el encargado nacional de consulta indígena, en una ambigua respuesta a la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas, manifiesta que la consulta se regirá por el DS 66 y que ésta ya se inició el día 24 de junio. Además sin informe de procedencia, no niega la consulta al proyecto de ley sobre biodiversidad y áreas protegidas, sino que manifiesta que dicha ley debe ser consultada por el órgano correspondiente.

¿Todo lo anterior, es antojadizo?. Categóricamente no.  Se está abusando. Y están usando a los mapuche que le dicen a Viera Gallo que las “cosas obvias” no se consultan. Ese es el tema de fondo. Hay molestia en el Gobierno porque no pueden hacer lo que quieren. El “maldito DS 66” está ahí rayándoles una cancha que no imaginaron. Y el Gobierno no posee una Alejandro Magno para que corte el “nudo gordiano”. Desde las carretas, llegaron los dirigentes para reclamar y exigir el derecho a la consulta y la participación. NO hay vuelta atrás.

 

 

 

[1] Convenio N° 169.    http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang–es/index.htm

[2] http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20140618145215/la-consulta-indigena-es-un-nudo-gordiano/

El expediente de una falacia o de un fracaso anunciado

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